Operación "Valkiria V": qué significa y por qué se le implica a Patricia Benavides
La Operación «Valkiria V» ha desencadenado una serie de eventos que involucran a figuras prominentes de la escena política y judicial en Perú, siendo Patricia Benavides, actual titular del Ministerio Público, una de las personalidades señaladas en este caso.
Por tal motivo, en la siguiente nota de Latina Noticias te contamos todo lo que debes saber sobre el tema.
La Operación «Valkiria V» es un megaoperativo llevado a cabo por el equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFFICOP).
Estas autoridades buscan desentrañar una presunta organización criminal enquistada en la alta dirección del Ministerio Público. En el marco de estas diligencias, se ha desplegado un contingente de 70 agentes policiales y 6 fiscales para realizar intervenciones en diversos inmuebles ubicados en los distritos de La Molina, Jesús María, El Agustino y el Cercado de Lima.
La investigación, denominada Operación «Valkiria 5», tiene como eje central comprobar la supuesta influencia ilícita ejercida desde la alta dirección del Ministerio Público, la cual lideraría su actual titular, Patricia Benavides, y estarían involucrados tres asesores suyos; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; y congresistas de la República.
Según la teoría, esta presunta organización criminal tenía como objetivo evitar que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituya a Marita Barreto como fiscal de la Nación a cambio de presuntamente archivar denuncias contra congresistas a cambio de asegurar la permanencia de Barreto en su cargo.
Los asesores de la fiscal de la Nación, Abel Hurtado Espinoza, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro, son señalados por presuntamente interceder ante congresistas para favorecer a Patricia Benavides. Esta supuesta negociación ilícita habría involucrado el compromiso de archivar investigaciones de corrupción dirigidas a los legisladores.
“Quienes habrían instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio, influyendo ilícitamente en decisiones discrecionales de Congresistas de la República para que estos mediante un procedimiento constitucional aprueben la remoción de los titulares la Junta Nacional de Justicia quien investiga a la titular del Ministerio Público y así evitar su destitución”, se lee en el documento policial.
Además, la investigación apunta hacia un acuerdo para la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo. Se sostiene que esta designación estaba vinculada a la destitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que Gutiérrez presidiría una junta especial para seleccionar a los nuevos integrantes de este órgano fiscalizador.
Las indagaciones revelan también presuntas maniobras ilícitas para promover la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación en el Congreso de la República. Se alega que estas acciones se realizaron con el objetivo de influir en decisiones parlamentarias y obtener beneficios en investigaciones pendientes en la Fiscalía de la Nación.
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