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En el marco de la Operación «Valkiria V», el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) llevó cabo una investigación por una supuesta organización criminal enquistada en la más alta dirección del Ministerio Público, presuntamente liderada por Patricia Benavides.

En la tesis fiscal se alega que Benavides habría ejercido influencia ilícita en decisiones de control respecto a la destitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la nominación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Sobre este último, las investigaciones mostraron chats de WhatsApp en los que se evidenciaría el intercambio de favores para lograr dicha destitución.

INHABILITACIÓN DE ZORAIDA ÁVALOS, SEGÚN TESIS FISCAL

Según la tesis fiscal, esta supuesta red criminal habría «instrumentalizado el poder constitucional asociado al monopolio de la persecución penal en su propio beneficio», ejerciendo así influencia sobre las decisiones de congresistas para conseguir la remoción de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

A cambio de ello, se habría pactado el archivo de investigaciones por cohecho pasivo propio contra 37 congresistas. Todos estos arreglos bajo la mesa estaban siendo orquestados por el ya detenido Jaime Villanueva Barreto, exasesor de confianza de Patricia Benavides.

Villanueva agrupó a los parlamentarios como ‘Niños 1′, ‘Niños 2’ y ‘Niños 3’. Más tarde, Villanueva se comunicó a través de WhatsApp con un congresista, cuya identidad no ha sido revelada, debido a que se acogió a la colaboración eficaz.

Las investigaciones hacen referencia a una conversación iniciada el 6 de junio del 2023. En dicho chat, el congresista en mención le indica a la ex mano derecha de Patricia Benavides que varios congresistas esperaban «una señal de archivo de sus investigaciones».

Ante esto, Villanueva responde diciendo que «ya todo estaba listo» y que dicha archivación estaría el 9 de junio, es decir, tres días después. Empero, no fue hasta el 15 de junio que el mismo asesor se comunicó por la misma plataforma de chat con el parlamentario para enviarle un documento.

Se trataba de la «DISPOSICIÓN N° 2», la cual contenía la disposición fiscal que concluía «no haber mérito para promover investigación fiscal contra 37 congresistas por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio».

Según se refiere en la investigación, Patricia Benavides otorgó este beneficio «con la finalidad de influir ilícitamente sobre los favorecidos y sus compañeros de bancada para que voten a favor de la inhabilitación de la Fiscal Suprema Zoraida Ávalos», con el objetivo de evitar que pueda suceder en el cargo a Benavides.

El 21 de junio, día de la votación en el Congreso de la República para la inhabilitación de Zoraida Ávalos, Jaime Villanueva vuelve a establecer contacto a través de chats con el congresista para asegurar las votaciones a favor de dicho proceso.

Finalmente, fueron 70 votos a favor con los que se consiguió la inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Estos eran los 37 congresistas que votaron a favor de la remoción fueron:

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