Patricia Benavides apela fallo judicial que la suspendió por 24 meses: ¿qué dice el documento?
Tras la resolución judicial que ordena su suspensión temporal por 24 meses como fiscal suprema y fiscal de la Nación, Patricia Benavides presentó un recurso de apelación con el fin de revocar la decisión en su totalidad.
Su defensa, integrada por Humberto Abanto, Christian Salas, Juan Mario Peña y Jorge del Castillo, formalizó la apelación este jueves 26 de junio. Argumentan que lo resuelto por el juez Segismundo León Velasco vulnera el derecho a la prueba, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al debido procedimiento en sede fiscal y a la legalidad procesal penal.
“Dentro del plazo de ley y según las formalidades legales, vengo en interponer, como efectivamente interpongo, formal RECURSO DE APELACIÓN contra la resolución N.º 5, de 24 de junio de 2025, a fin de que se REVOQUE el auto impugnado y, REFORMÁNDOLO, se declare INFUNDADO el requerimiento de suspensión temporal en el ejercicio del cargo”, se lee en el documento.
La defensa recalca que se encuentra dentro del plazo legal para apelar, ya que la notificación se realizó el miércoles 25 de junio.
MOTIVOS DE LA APELACIÓN
Vulneración del derecho al fiscal objetivo: Argumentan que la funcionaria encargada del caso “carece de objetividad para investigar a Liz Patricia Benavides Vargas”.
Vulneración del derecho a la prueba: Responden a las acusaciones basadas en declaraciones recogidas en investigaciones contra Benavides. Sobre la presunta aceptación de apoyo de una exfiscal a cambio de nombramientos favorables a José Luis Castillo Alva en el equipo especial Cuellos Blancos, señalan que el juzgado se basa únicamente en “dichos y referencias sin elementos de convicción que corroboren la versión presentada”.
Vulneración de la legalidad procesal penal, la debida motivación y el derecho a la defensa: Alegan que el sustento del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria (JSIP) va contra el principio de legalidad procesal penal y presenta criterios inconsistentes.
“El propio magistrado incurriría en contradicción, pues, a la fecha en que se presentó el requerimiento fiscal, se llevó a cabo la audiencia y se emitió el auto apelado, Liz Patricia Benavides Vargas no se encontraba en ejercicio efectivo del cargo. Por tanto, el pedido fiscal debió ser declarado improcedente. No obstante, el juzgado aplica un razonamiento contrario”, se argumenta.
Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: La defensa afirma que la imputación se basa en la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, sin corroboración objetiva, y que los señalados han negado tales afirmaciones.
Finalmente, en el petitorio firmado por Benavides y sus abogados, solicitan que se declare improcedente el requerimiento fiscal de suspensión temporal del cargo.