Patricia Benavides, quien fue suspendida del cargo de fiscal de la Nación por seis meses, presentó una acción de amparo contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ante el Tercer Juzgado Constitucional, que está cargo del juez Jhon Paredes Salas, quien en agosto pasado anuló una condena de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón por el caso La Oroya.
La acción judicial también fue interpuesta contra la Procuraduría Pública de la JNJ. Benavides recibió una suspensión temporal en su contra por estar investigada de presuntamente liderar una organización criminal en el Ministerio Público, según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
Esta no es la única medida con la que Patricia Benavides espera revocar la sanción en su contra. También presentó un recurso de reconsideración ante la JNJ, ya que, en su defensa, hasta la fecha no tiene una carpeta fiscal abierta en su contra ni se encuentra investigada.
En reemplazo de Benavides, el fiscal Pablo Sánchez ocupó el cargo, pero más adelante declinó. Por ello, este lunes se nombró a Juan Carlos Villena como el fiscal de la Nación interino.
Luego de la ejecución del operativo ‘Valkiria V’, se hicieron públicas conversaciones y audios que comprometen seriamente al entorno de Patricia Benavides; entonces titular del Ministerio Público. Un día después, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le inició un proceso disciplinario de tipo inmediato.
Este proceso disciplinario se extenderá por varios meses, en los que se investigará la responsabilidad, o no, de Patricia Benavides. Mientras tanto, una resolución ordenó su suspensión provisional en el cargo, algo que ha salido a denunciar.
El martes 5 de diciembre por la mañana, Patricia Benavides se presentó ante la Comisión de Fiscalización y negó toda responsabilidad. Además, acusó a la fiscal Marita Barreto de «incompetente» y de fabricar evidencias, pese a que antes la elogiaba por su trabajo en casos de corrupción del Gobierno de Pedro Castillo.
El proceso disciplinario de la JNJ, según la constitucionalista Beatriz Ramírez, consta de tres etapas; pero la primera, la de investigación, puede saltarse en un proceso como el abierto a Benavides, de acuerdo al propio reglamento de la junta.
En su afán por evitar su suspensión, Benavides solicitó la inhibición de dos miembros, Imelda Tumialán, y Humberto De la Haza, por un supuesto conflicto de interés. Sin embargo, esta se rechazó, ya que, según la Junta, quien investiga a los magistrados no es Benavides como persona particular, sino la institución que dirigía entonces y que ahora dirigirá otro fiscal supremo.
A pesar de que Benavides y algunos congresistas trataron de rechazar la veracidad de los chats, Jaime Villanueva, su detenido exasesor, se acogió a la colaboración eficaz y admitió todo. Pese a ello, para su defensa, las conversaciones no tienen valor de prueba.
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