PATRICIA BENAVIDES - JNJ - CONGRESO DE LA REPUBLICA
Por Diana Decurt | @DianaDecurt
El jueves 7 de marzo, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó el informe final que recomienda acusar e inhabilitar en el ejercicio de la función pública, por el plazo de 10 años, a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello y Aldo Vásquez.
Ante ello, ambos deberán ser reemplazados por los miembros suplentes en estricto orden de mérito. De hecho, el cuadro de méritos tuvo que ser reordenado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena incorporar al excongresista Marco Tulio Falconí como miembro de la Junta.
En ese sentido, el primer miembro suplente hábil es el doctor Guillermo Thornberry, quien fue señalado por Jaime Villanueva como informante de Patricia Benavides. Los siguientes miembros suplentes hábiles son Abraham Siles Vallejos y Mónica Rosell Medina.
En ese contexto, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a través de su defensa, solicitó al Poder Judicial (PJ) anular el proceso disciplinario inmediato que le sigue la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que produjo su suspensión en el cargo.
Latina Noticias conversó con tres abogados constitucionalistas para conocer cómo quedaría su caso de la exfiscal ante una nueva conformación de la JNJ: Heber Joel Campos, profesor de Derecho Constitucional de la PUCP, Luciano López, profesor de posgrado en Derecho Procesal de la PUCP y Ernesto Álvarez, decano de la facultad de Derecho en la Universidad San Martín de Porres (USMP).
Recordemos que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició el procedimiento contra Benavides Vargas por presuntamente liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público (MP), lo cual implicaría presuntas faltas graves a la Ley de Carrera Fiscal.
«Ella fue objeto de una medida que se denomina suspensión preventiva. Es decir, en el marco del proceso disciplinario que se le está siguiendo, se le impuso una medida cautelar provisional hasta que el pleno de la Junta Nacional de Justicia resuelva la denuncia que se le ha presentado por los hechos que ya todos conocemos», explica Heber Joel Campos, profesor de derecho constitucional de la PUCP.
De hecho, desde su perspectiva, con una nueva conformación del pleno de la JNJ, el especialista resalta que los procesos en contra de Patricia Benavides deben continuar con normalidad, pues es lo que le compete a la entidad.
«Es lo que corresponde, es un procedimiento en curso. El que se haya cambiado parcialmente la composición de la Junta no significa que los procesos que se iniciaron con anterioridad a este cambio se anulen o desaparezcan, estos continúan y la nueva conformación tendrá que hacer el análisis correspondiente», precisa.
No obstante, Luciano López, profesor de posgrado en Derecho Procesal de la PUCP, precisó que esta medida que suspende a Benavides por seis meses no es una sanción, pues aún falta medida definitiva.
«La JNJ la suspendió preventivamente, es decir, es una medida provisional de un caso que está abierto, con lo cual entiendo que no es una medida definitiva, es decir, no es una sanción«.
«Si ellos (JNJ) toman una decisión preventiva, no es apelable ante nadie más. Por eso es que la señora obtuvo una medida cautelar que ahora se sabe que fue maniobrada y simultáneamente demandó a la JNJ al TC«, agregó.
En febrero del presente año, la jueza supernumeraria Jacqueline Tarrillo Meneses, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, se abstuvo «por decoro» de seguir siendo la magistrada a cargo del amparo de Benavides Vargas.
Recordemos que por dictar dos medidas cautelares con las que ordenaba a la JNJ suspender provisionalmente las investigaciones disciplinarias que se le seguían a la suspendida exfiscal en la JNJ, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial le abrió un proceso administrativo disciplinario por supuestamente favorecerla.
Por ello, el profesor que imparte el curso de Justicia Constitucional advierte de una posible maniobra política en este caso, el cual ha venido arrastrando a diferentes personajes políticos en diferentes entidades.
«Lo que la JNJ puede hacer es reconsiderar, pero eso es cuestión de mirar su reglamento. Ahora le toca al pleno retomar el procedimiento, pero claro, evidentemente hay maniobras políticas bastante calculadas en las que otra vez el TC, que es afín al Congreso, ha puesto ahí su cuota con el caso de Falconí«, detalla.
Recordemos que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó en febrero juramentar al excongresista Marco Tulio Falconí como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), al declarar fundada una demanda de amparo que presentó contra la Comisión Especial encargada de elegir a los juristas que integran el máximo órgano de la Judicatura.
En cambio, el doctor Ernesto Álvarez, decano de la facultad de Derecho en la Universidad San Martín de Porres (USMP), señala que no ve ningún riesgo en que el caso de Patricia Benavides se vea manipulado.
«No creo, no veo motivo para que quienes votaron en contra, voten a favor. Los dos accesitarios que entran son de la misma tendencia de los que han salido«, señala el especialista.
Según Álvarez, las investigaciones en contra de Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia no han sido levantadas debido a que hasta la fecha no han «aprobado» su solicitud. «Entiendo que apeló ya, pero no le han dado razón en cuanto al fondo», detalló.
El martes 5 de marzo, Piero Rojas, procurador de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sostuvo que el recurso de amparo de Benavides debía ser declarado improcedente o infundado, esto como parte de la demanda constitucional que se oralizó ante el juez constitucional Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán.
Por su parte, según el abogado de Benavides, Juan Peña, el Poder Judicial debe declarar la “inaplicación” de la Resolución 194-2023 del 28 de noviembre del 2023, que dispone el inicio del procedimiento disciplinario inmediato de la JNJ. Asimismo, cuestiona la resolución que citó a la exfiscal a una audiencia para el 6 de diciembre del 2023, que concluyó con su suspensión.
La defensa legal alega que lo que correspondía era que la Junta Nacional de Justicia, vía una denuncia constitucional, remita todo lo actuado al Congreso de la República, ya que los hechos estaban referidos a presuntos delitos cometidos en su condición de alta funcionaria.
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