El presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Diego Bazán, señaló que él pidió que se reabra el caso del parlamentario José Arriola, acusado otra vez por ‘mochasueldo’. Esto luego de la revelación efectuada por Punto Final, que recogió el testimonio de Yolanda Cuya Llajaruna, quien trabajó durante un año y medio bajo sus órdenes «recolectando» parte del salario de sus compañeros trabajadores.
«Yo pedí que se reabra el caso, algo que ocurre por primera vez en la historia. El congresista José Arriola ha apelado a una figura que impide que se le investigue dos veces por una misma situación, pero se debe tener en cuenta que acá hay otras pruebas distintas», remarcó Diego Bazán, entrevistado en el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias.
El Presidente de la Comisión de Ética señaló que la primera vez que se abordó una denuncia por ‘mochasueldo’ contra José Arriola, el caso solo quedó en una sanción de 60 días sin goce de haber porque los trabajadores denunciantes no se mantuvieron firmes al momento de declarar ante el mencionado grupo de trabajo.
«Inicialmente, se planteó una denuncia contra José Arriola. Entonces se abrió un proceso en la Comisión de Ética en la que se convocó a todos los trabajadores y extrabajadores del congresista. Lamentablemente, muchos de estos se pusieron a la defensiva y ante la comisión ninguno aceptó, dijeron que les descontaban por su propia voluntad. Eso no resultaba creíble, pero fue lo que dijeron. Debido a esto, la Comisión no pudo aplicar la máxima sanción. Al final, solo lo castigamos por permitir ese tipo de declaraciones juradas en su oficina. Pero ahora se presentan otros elementos, pruebas y hechos», enfatizó.
Diego Bazán consideró necesario que la sanción a congresistas que cometan faltas graves, como recortar el sueldo de sus trabajadores, sea evaluada de una forma distinta y más rápida.
«Lamentablemente, es el Pleno el que decide la sanción final. He chocado con congresistas que defienden lo indefendible, y con intenciones de querer bajar la sanción que plantea la Comisión de Ética. Tenemos dos caminos: que haya un ente externo con representantes de varias instituciones y de la sociedad civil. El otro es que existan procesos rápidos, por ejemplo, que la Mesa Directiva nombre a un parlamentario ponente y que este, en un plazo máximo de 14 días, presente su informe y se pueda sancionar y tener afuera a los malos legisladores. Justicia que tarda, no es justicia», reflexionó.
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