La Procuraduría General del Estado ha tomado una medida contundente este lunes, al solicitar al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que inicie diligencias preliminares contra la congresista Magaly Ruíz, el fiscal Richard Rojas Gómez y Álex Junior Rojas Gómez, hermano de este último, por presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y tráfico de influencias.
Estas acciones se desencadenaron tras la difusión de un reportaje explosivo en el programa de televisión ‘Punto Final’. En este reportaje se reveló que la parlamentaria habría contratado en su despacho al hermano del fiscal Richard Rojas, con el supuesto fin de recibir «ayuda» en la investigación que se lleva a cabo en su contra por parte del Ministerio Público.
El exasesor parlamentario Johnny Romero fue quien dio a conocer que Magaly Ruiz buscó la asesoría del fiscal Richard Rojas Gómez después de ser acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores parlamentarios desde el año pasado. Estas acusaciones han puesto en jaque la integridad de la congresista, llevando el caso a una esfera de interés público y jurídico.
Ante esta situación, la Procuraduría ha actuado con prontitud y determinación, solicitando la documentación relevante sobre los presuntos hechos y pidiendo la realización de diversas diligencias fiscales que permitan esclarecer objetivamente estos graves acontecimientos. Es crucial que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente para determinar la veracidad de las acusaciones y, en caso de confirmarse, tomar las medidas legales correspondientes.
«Nos hemos comunicado con la congresista Magaly, ella está fuera de la capital, retornar a Lima este martes, y nos reuniremos con ella en la bancada para solicitarle las explicaciones que correspondan», declaró el vocero de la bancada APP, Eduardo Salhuana.
Hasta la fiscalía han llegado más excolaboradores de la congresista por Alianza para el Progreso (APP), Magaly Ruiz, para ratificar la denuncia de su excolega Carlos Marina, quien acusó a la parlamentaria de reducir sus salarios a través de un intermediario identificado como Johnny Romero.
En una entrevista exclusiva con ‘Punto Final’, Marina admitió que recibía el dinero por instrucciones de Magaly Ruiz. Además, reveló que después que la denuncia saliera a la luz en marzo del año pasado, la congresista lo llevó a la casa de un fiscal para elaborar una estrategia legal. El fiscal en cuestión es Richard Rojas Gómez, quien en ese momento estaba investigando a la presidenta Dina Boluarte, a Pedro Castillo y al prófugo Vladimir Cerrón por presunto lavado de activos, en el caso conocido como Dinámicos del Centro.
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