Latina Chequea: La brutal realidad de la trata de personas en Perú, víctimas explotadas y presupuesto insuficiente

Por Marco Zanelli Berríos 

Por su seguridad, ella no tiene nombre. Es una mujer entre los 20 y 25 años, de nacionalidad venezolana. Tiene el pie vendado. Teme mostrárselo a los agentes policiales de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes que la rescataron durante una intervención a un “centro de acogida”. Así se les conoce a los inmuebles en los que los tratantes mantienen cautivas a sus víctimas. Ella afirma que está bien, que fue una herida que le quedó tras un intento de robo. Pero los efectivos insisten en ver qué esconde bajo la venda. Al sacarla, comprueban la marca de una bala, la huella de una amenaza que luce mal curada. 

Los proxenetas, muchos de ellos miembros de bandas criminales, utilizan distintos métodos de amedrentamiento contra sus víctimas. “Las amenazan con armas de fuego. Hay gente a la que han herido de bala en los pies, después de ponerlos en una cubeta con agua donde realizan ese disparo. Luego ellas se curan sin ninguna atención médica. Otros les cortan el cabello, les arrancan las uñas para mantenerlas en estado de vulnerabilidad. Son controladas permanentemente”, contó a Latina Noticias el general PNP Carlos Malaver, director Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

Antes de la pandemia, la mayor parte de mujeres, niñas y adolescentes que caían en una red de trata solían ser peruanas. Sin embargo, como afirmó a Latina Noticias el director de la organización CHS Alternativo, Ricardo Valdés, hoy “un tercio” del total de víctimas son extranjeras. “Y de ese tercio, dos tercios son de nacionalidad venezolana”, precisó. Debido al fenómeno migratorio, estas personas se suman, así, a un círculo de explotación sexual que parece no tener final a la vista. Porque, como señaló el general Malaver, una vez que las mayores de edad son rescatadas, nueve de cada diez vuelven a las calles para dedicarse a la misma actividad. 

TRATA DE PERSONAS: LA RUTA DE LAS VÍCTIMAS

¿Dónde empieza este movimiento ilegal de seres humanos? El punto de arranque es la captación, que ocurre en el país de origen de cada víctima. En algunos casos, son atraídas por sus victimarios con la promesa de un trabajo estable. Dado que un 85% de víctimas del extranjero provienen de Venezuela, según estimó CHS Alternativo hasta abril de este año, desde allí son trasladadas durante un recorrido por tierra, con tramos en los que ya son explotadas, como la parada que suelen hacer en Cúcuta, ciudad colombiana que es frontera con su territorio. Luego, las llevan hasta el Ecuador y, finalmente, ingresan al Perú por la vía legal o ilegal, después de 15 días de viaje. 

Una vez en nuestro país, son derivadas a los llamados “centros de acogida”. Que su nombre de tinte institucional no engañe a nadie: en esas casas se les provee de alimentación a las mujeres captadas, pero también se les retiene a través de la fuerza, ya sea mediante amenazas de muerte u otros métodos de tortura ya mencionados. Cada día, desde ese lugar, un chofer las recoge para trasladarlas hasta “la plaza”, otro eufemismo que utilizan para llamar a las zonas de la vía pública donde son obligadas a ejercer la prostitución. Cerca de allí las vigila un proxeneta asignado que controla todos sus movimientos. 

Si las víctimas llegan a ser rescatadas por la policía durante un operativo, se las lleva a la Unidad de Asistencia Distrital a Víctimas y Testigos (UDAVIT) del Ministerio Público. “Allí, ellas dan a conocer su situación”, comentó el general Malaver. También participa en este proceso la Dirección de Protección Especial (DPE), destinada a atender a las menores de edad. “Es mucha más efectiva nuestra labor con ellas, porque en las mayores de edad casi el 90% regresan a las calles, ya sea por amenazas contra su vida o las de su familia en su país de origen, o porque están sin documentación”, agregó.

UN NEGOCIO REDONDO Y UN PRESUPUESTO INSUFICIENTE

Para las bandas criminales, la trata de personas es la fuente para financiar otras actividades criminales. “De un tiempo a esta parte, en pospandemia diría yo, la economía criminal de la trata es la segunda más importante en el Perú después de la minería ilegal”, dijo al respecto Ricardo Valdés. “La minería ilegal movió hasta el 2022 aproximadamente unos 1,900 millones de dólares; en cambio, la trata de personas generó utilidades por 1,300 millones de dólares. Y después viene el narcotráfico y otros delitos, como contrabando, tráfico de terrenos, extorsión, etcétera”, añadió. 

¿Cómo el Estado peruano viene combatiendo a uno de los negocios ilícitos más lucrativos? La respuesta es desalentadora, pues el presupuesto estatal se ha venido reduciendo en más del 50% hasta el 2022. Su año pico fue el 2017, cuando se asignaron poco más de S/ 11 millones, pero hasta el último año, se desembolsó poco más de S/ 4 millones, es decir, casi una tercera parte de aquel monto. El abogado adjunto de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, apuntó a Latina Noticias: “Actualmente, el presupuesto asignado alcanza a S/ 0.12 (de inversión) por persona». Además, para complicar más el asunto, ni siquiera se llegar a «ejecutar el 100%”. 

Y si bien, como reconoció Valdés, el Estado ha podido fijar un marco normativo adecuado para la lucha contra la trata, sus acciones siguen siendo limitadas. Un ejemplo de ello es que, hasta la fecha, solo hay cinco Centros de Acogida Residencial Especializado, construidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en regiones de alta incidencia de este delito, tales como Madre de Dios, Cusco y Lima. Para Henry Aguilera, director general de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, “la respuesta del Estado podría ser mayor”, pese a los esfuerzos del propio ministerio por invertir en campañas de sensibilización y en lugares donde brindan atención a las víctimas.

UN BALANCE PENDIENTE

De acuerdo con Ricardo Valdés, cada año, desde el 2017, el presidente del Consejo de Ministros debe rendir cuentas al Congreso sobre sus avances en la lucha contra la trata de personas. Una iniciativa que forma parte de la Política Nacional frente a la Trata de Personas. Sin embargo, desde hace años que esa reunión continúa como tarea pendiente. El dato es corroborado por la Defensoría del Pueblo, que señala la falta de difusión pública de los balances de estos resultados y hablan, por el contrario, de una falta de interés por parte de nuestras autoridades para hacerle frente a un delito que siembra terror en las calles.

«Esperamos que este año se cumpla y el premier (Alberto Otárola) informe al país en el Congreso cuáles son los compromisos y avances que existen en materia de lucha contra la trata«, exigió el representante de la Defensoría, mientras que la cabeza de CHS Alternativo, afirmó por su lado: «Específicamente para trata, ¿cuánto piensan destinar del presupuesto público para el 2024?». La respuesta queda en el tintero del Ejecutivo, que este miércoles 6 de septiembre se presentará ante el Legislativo para proponer el Presupuesto del Sector Público para el próximo año.