Caso ‘Baguazo’: 14 años después absuelven a los acusados por muerte de mayor Felipe Bazán

La Sala Penal de Apelaciones Liquidadora de Bagua, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, absolvió a los implicados del homicidio del mayor PNP Felipe Bazán, en el caso del ‘Baguazo’. Luego de la lectura de la sentencia, el Ministerio Público interpuso el recurso de nulidad dentro del plazo legal, mientras tanto, las defensas técnicas de los acusados quedaron conformes.

Se trata de Feliciano Cahuasa, Roberto Carlos Elena y Asterio Pujupat Wachapea, acusados como coautores el delito de homicidio calificado en agravio del oficial policial. El magistrado sostuvo que, al término de la audiencia, no se ha comprobado las formas de cómo ha fallecido el efectivo policial ni mucho menos los roles de cada uno.

«De la prueba personal expuesta en el juicio oral, ninguna corrobora las circunstancias, detalles o formas sobre la muerte del agraviado Felipe Bazán. Durante todo el proceso penal no existe forma de acreditar una persona muerta o el cadáver«, señaló.

¿QUÉ PASÓ EL 5 DE JUNIO?

El pasado 5 de junio del 2009 se registraron varios enfrentamientos en Bagua, en Amazonas, que dejaron como saldo la muerte de 33 personas, incluidos 23 policías, y graves violaciones a los derechos humanos. El día del ‘Baguazo’, agentes de la Dirección Nacional de Operativos Especiales (Dinoes), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se enfrentaron a cientos de nativos que estaban atrincherados más de 50 días en la ‘Curva del diablo’.

El día del ‘Baguazo’, agentes de la DINOES (Dirección Nacional de Operativos Especiales) con apoyo de las Fuerzas Armadas se enfrentaron a cientos de nativos que estaban atrincherados más de 50 días en la zona conocida como ‘Curva del diablo’. La orden era liberar la carretera Fernando Belaúnde Terry utilizando la fuerza.

El conflicto se originó porque el expresidente de la República, Alan García Pérez, promovió una política de inversiones para dar cumplimiento al Tratado Libre Comercio con Estados Unidos. En ese año, varios decretos legislativos suscritos afectaban directamente a las comunidades indígenas de la Amazonía. Precisamente, la minera Afrodita pretendía ocupar una zona protegida legalmente y eso despertó la ira de las comunidades nativas. Después del estallido social, la compañía transnacional suspendió sus actividades.

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