Lina, Julia, Lita y Herejilla han llegado Pucallpa, así como lo hicieron sus esposos hace nueve años; pero en ese tiempo -año 2014- nadie les hizo caso. Hoy, estas mujeres vuelven a la ciudad para afrontar el juicio que busca sentenciar a los asesinos de sus padres y esposos, líderes asháninkas protectores del bosque.
Julia es Julia Pérez. Hace 9 años, en setiembre de 2014, su esposo, Edwin Chota, y otros 3 compañeros protectores del bosque viajaron desde Saweto hacia la comunidad de Apiwtxa en Brasil en busca de ayuda, porque en el Perú no tomaban importancia a denuncias en contra de la mafia de taladores ilegales que acechaba a su pueblo.
En aquel momento, Chota ya denunciaba ser víctima de amenazas de muerte por oponerse a la tala ilegal de los bosques cerca de la comunidad nativa de Saweto. Apareció en distintos videos reclamando, exigiendo, pidiendo ayuda, pero parecía que estaba solo en esa lucha.
En el 2007, Edwin Chota apareció, por primera vez, en los medios periodísticos denunciando la tala ilegal. Al año siguiente, su comunidad presentó la primera denuncia penal. El 2013, cinco años después, Chota volvió a denunciar ante la Fiscalía del medio ambiente. Pero nada.
El 28 de abril de 2014, insistió con su denuncia y solo cuatro meses después, él y sus tres compañeros fueron asesinados cuando viajaban a Brasil. Luego de unos días desaparecidos, oarte de sus restos fueron hallados con orificios de bala y signos de tortura y mutilación.
Ahora, las viudas de estos valientes líderes y representantes asháninkas siguen luchando frente a una justicia que les es indiferente. El Poder Judicial anuló el primer juicio por los crímenes, por lo que todo volvió a empezar de cero con el inicio de uno nuevo.
Debido a toda la carga procesal que hay en Ucayali, las viudas y testigos deben comparecer en la noche. Para esto, pasan días viajando en unos pequeños botes para llegar, por fin, al juzgado. Y cuando lo hacen, en la sala, solo encuentran a una jueza rodeada de cámaras y una pantalla en videollamada con los rostros de los magistrados.
Ellas requieren de un intérprete para declarar en su lengua originaria. En la sala están las viudas y testigos, pero físicamente no hay fiscal, tampoco la defensa de los acusados, ni dos de los tres jueces. Las audiencias son de noche y casi maratónicas.
En una de estas audiencias, el abogado de los acusados realizaría un insólito comentario. «Doctora, son las 8 p. m. y tengo clase presencial», expresó ante la sorpresa de la jueza. Según la defensa de dos de los cuatro presuntos asesinos, las víctimas habrían sido asesinadas por otras personas y no por sus patrocinados.
No solo en Ucayali; en Loreto y Madre de Dios también han sido asesinados líderes ambientalistas. No todos hablan castellano, no todos tienen los medios para viajar durante cuatro días a la capital de la región. No todos tienen la valentía necesaria de enfrentar a quienes los amenazan. Y los pocos que lo hacen, terminan en un juzgado donde casi nadie asiste físicamente.
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