Ante el pedido, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal convocó a una audiencia el 12 de junio.
Con 68 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) tenga la potestad de otorgar la exclusividad de operación a empresas privadas a través de habilitaciones o licencias portuarias.
