Derrame de petróleo de Repsol fue en 2022.
El 15 de enero de 2022, la empresa Repsol derramó más de 11.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla y Callao, durante la descarga de crudo en la Refinería La Pampilla. A dos años de este suceso, el desastre ecológico continúa generando movilizaciones.
Este lunes, precisamente, un grupo de personas se congregaron en la playa de Ancón, una de las zonas donde el vertimiento de crudo causó estragos. El alcalde del distrito, Samuel Daza, encabezó el plantón junto con comerciantes damnificados, instituciones y organizaciones sociales.
La protesta tenía un objetivo: que Repsol asuma su responsabilidad por el daño ocasionado en la bahía, resarciendo económicamente a los afectados. Y es que la catástrofe ambiental —la más grande registrada en el litoral peruano— tuvo un impacto significativo en los ingresos municipales de Ancón.
«Repsol pretende burlarse de Ancón, pero no lo vamos a permitir», dijo el burgomaestre en declaraciones a la prensa. Esta movilización es la última de varias que hasta la fecha se han realizado contra la compañía petrolera. En octubre del año pasado, pescadores artesanales demandaron reparaciones pendientes.
Aquella vez, la manifestación llegó hasta los exteriores Palacio de Gobierno para expresar su malestar ante el incumplimiento de Repsol con la indemnización por el derrame. Entonces exigieron una mesa de diálogo con el Consejo de Ministros para actualizar la lista de afectados.
La última semana, más de 34.000 vecinos de Chancay, Huacho, Santa Rosa, Ancón y Ventanilla se adhirieron a una nueva demanda contra Repsol en una corte de La Haya, ubicada en Países Bajos, donde la compañía tiene su domicilio legal.
Esta demanda, que exige a la empresa española el pago de 1.200 millones de dólares, se realizó a través de la Fundación Holandesa de Derechos Ambientales Fundamentales, que será representada por la firma de abogados Pogust Goodhead, con sede en Londres (Reino Unido).
«Este es uno de los peores desastres ambientales del Perú y lucharemos por justicia para las víctimas«, señaló Tom Goodhead, CEO de la firma internacional. En junio se desarrollará la primera audiencia en la corte de la Haya, en junio, donde se determinará si el proceso tiene cabida en su jurisdicción.
Por su parte, Repsol ha señalado en más de una oportunidad que ha resarcido los daños al cumplir con sus tareas de limpieza y destinar alrededor de 1.000 millones de soles en compensación a los damnificados que el Gobierno peruano había identificado.
«Consideramos que esta (nueva) demanda judicial no tiene fundamento», indicó la petrolera el viernes pasado. «Sin embargo, de acuerdo con experiencias similares, consideramos que este caso debe ser abordado en el Perú», agregó.
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