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El dolor que no termina: la burocracia que impide a las familias recuperar a sus muertos

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mserrano@latina.pe
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En la víspera del Día de los Muertos, el cementerio El Sauce, en San Juan de Lurigancho, se llena de vida. Cientos de familias llegan con flores, música andina, comida y lágrimas para recordar a los que partieron. Pero en lo alto, donde el polvo se mezcla con el silencio, descansan otros muertos: los que nadie visita, los que no tienen nombre, los que se convirtieron en tierra sin una despedida.

Una investigación de Punto Final reveló que en las fosas comunes de El Sauce, la Morgue de Lima ha enterrado no solo a personas NN —sin identificar—, sino también a ciudadanos plenamente identificados, buscados por sus familias y hasta por la propia Policía Nacional. Cuerpos que, por falta de coordinación entre instituciones del Estado, terminan bajo tierra sin que nadie se entere.

Uno de ellos fue Mahycol Espinoza Tello, un joven de 24 años asesinado en Lima. Su madre, Yeni Espinoza, lo buscó durante más de dos años sin imaginar que su hijo ya había sido enterrado en una fosa común. Cuando finalmente lo halló, quiso traerlo a Ambo, Huánuco, su tierra natal, pero el proceso se volvió una odisea: certificados, pagos, exhumaciones y tarifas que superan los 5 mil soles, una cifra imposible para una familia humilde.

En Trujillo, Janet Villegas vivió una historia parecida. Su hijo Cristian, de 32 años, fue identificado por huella digital el 12 de julio, pero aun así fue enviado a una fosa común el 9 de septiembre. La madre se enteró recién semanas después, al recibir una notificación fiscal por el caso de homicidio. Cuando quiso trasladar los restos, le dijeron que debía esperar un año entero antes de hacerlo, por disposición sanitaria.

Casos como el de Yeni y Janet se repiten. María —nombre ficticio— quiso recuperar el cuerpo de su hermano, fallecido en Lima, pero la fiscalía le impidió hacerlo porque el caso estaba en investigación. Cuando regresó, le informaron que ya había sido enviado a la fosa común. Ella vive en Arequipa, tiene diabetes y no puede viajar. Su hermano sigue allí, bajo el cemento, con un número en lugar de un nombre.

Expertos en antropología forense señalan que los ritos funerarios no son solo tradiciones, sino una necesidad humana. “El ritual nos da tranquilidad y nos permite cerrar el ciclo de vida”, explican. Sin embargo, para muchas familias peruanas, ese cierre se vuelve imposible cuando el Estado entierra a sus seres queridos sin avisarles, y luego les exige dinero y tiempo para poder recuperarlos.

Yeni Espinoza, mirando el nicho vacío que esperaba para su hijo, aún guarda esperanza. “Yo quisiera traerlo acá, para tenerlo cerca. Era mi único hijo”, dice entre lágrimas. Su pedido al Estado es simple: ayuda para despedirse con dignidad. Entre los pasillos del cementerio El Sauce, donde la vida y la muerte se mezclan cada noviembre, los muertos invisibles siguen esperando que alguien los recuerde.

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