Explotación y esclavitud en Perú: condenan a 35 años de cárcel a responsables de tragedia en galería Nicolini
La Sala Penal de Apelaciones confirmó en segunda instancia la condena a prisión efectiva impuesta a Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría por el delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud, en agravio de dos jóvenes fallecidos y tres víctimas sobrevivientes durante el incendio de un contenedor ocurrido en junio de 2017 en la galería Nicolini, en el Cercado de Lima.
En diciembre de 2025, el colegiado declaró infundada la apelación presentada por Vilma Zeña Santamaría y ratificó la sentencia de 32 años de prisión efectiva dictada en su contra en 2018. En el caso de Jonny Coico Sirlopu, se mantiene la condena de 35 años de prisión efectiva impuesta en el mismo proceso. Ambos deberán continuar cumpliendo sus penas en un establecimiento penitenciario.
EXPLOTACIÓN Y ESCLAVITUD
De acuerdo con la investigación fiscal, los sentenciados captaron a jóvenes en situación de vulnerabilidad y los sometieron a condiciones inhumanas de trabajo. Las víctimas eran encerradas con candado dentro de un contenedor metálico ubicado en el quinto piso de las galerías Nicolini, desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. El ambiente carecía de ventilación e iluminación adecuadas, no contaba con servicios higiénicos y los trabajadores no recibían alimentos durante la jornada.
Por un pago de apenas 25 soles diarios y sin ningún tipo de derecho laboral, los jóvenes debían ensamblar luminarias de manera manual, sustituyendo la marca original por otra reconocida en el mercado, lo que permitía a los tratantes obtener ganancias económicas ilícitas. Estas condiciones derivaron en el trágico incendio de junio de 2017, que causó la muerte de dos de las víctimas y dejó con graves secuelas a otras tres.
La confirmación de la sentencia reafirma la gravedad de los hechos y constituye un precedente relevante en la lucha contra la trata de personas y la explotación laboral en el país, al ratificar sanciones severas frente a prácticas que vulneran la dignidad y la vida humana.