Rutas de Lima propone entrega ordenada de la concesión a la MML por suspensión de peajes
Rutas de Lima (RDL) informó que desde el 5 de noviembre se encuentra impedida de cobrar peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, lo que ha provocado la pérdida de “prácticamente la totalidad” de sus ingresos. La empresa recordó que apeló la sentencia que ordenó esta suspensión; sin embargo, el proceso judicial aún no se resuelve.
En un comunicado, la concesionaria señaló que su situación financiera es insostenible, pues está utilizando sus últimas reservas a un ritmo acelerado. El 11 de noviembre advirtió que, si la medida no se revertía en un plazo de tres semanas, quedaría imposibilitada de continuar operando las vías concesionadas.
Diez días después de esa advertencia, Rutas de Lima indicó que la suspensión sigue vigente, lo que incrementa el riesgo de una paralización del servicio y pone en duda la continuidad de la concesión.
El 19 de noviembre, representantes de la empresa sostuvieron una reunión con funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para evaluar la situación. En esa línea, Rutas de Lima informó que, si la medida judicial se mantiene dentro del plazo señalado, procederá a realizar una entrega gradual y coordinada de la concesión, a fin de asegurar la protección y bienestar de los usuarios.
La compañía aclaró que esta disposición no afecta la reserva de “todos sus derechos” frente a los actos y omisiones de autoridades del Estado peruano que, según afirma, han generado la situación actual.
Rutas de Lima también informó que ha comunicado la gravedad del caso a diversas entidades del Gobierno central —entre ellas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior— para que adopten acciones que aseguren la atención y seguridad en las vías.
Hasta el momento, la empresa asegura no haber recibido respuesta de ninguna de estas instituciones, lo que agrava la incertidumbre respecto al futuro de la operación vial. Finalmente, la concesionaria y sus accionistas reiteraron que se reservan todos sus derechos frente al Estado peruano, en medio de un conflicto que mantiene en duda la continuidad de los servicios viales bajo su administración.