Brookfield responde a MML por pedido de información sobre Rutas de Lima: “No constituye un fallo de fondo”
El fondo de inversiones Brookfield respondió —a través de un comunicado— a la Municipalidad Metropolitana de Lima tras la autorización recibida por la Corte de Nueva York para solicitar información financiera sobre Rutas de Lima. Consideraron que la disposición judicial no representa un fallo de fondo y que solo se trata de un procedimiento que “comúnmente conceden” las cortes estadounidenses.
“Esta es solo una orden procedimental para la exhibición de documentos que comúnmente se concede en las cortes de EE.UU. Dejamos en claro que la decisión en referencia no constituye un fallo o siquiera un comentario sobre temas de fondo relacionados a Brookfield o RDL. Mas bien, Tribunales arbitrales internacionales e independientes sí han establecido que Brookfield adquirió su participación en RDL de buena fe”, se lee en el documento.
Para Brookfield la Municipalidad de Lima estaría usando el sistema judicial para “dilatar procesos, confundir a la opinión pública, y así evadir sus responsabilidades contractuales y dilatar los pagos”.
En este sentido, el fondo de inversiones aseguró que en el pasado autoridades peruanas fueron invitadas a revisar los libros y archivos de Rutas de Lima, no encontrando irregularidades: “Muchos de los documentos solicitados ya están en posesión de las autoridades peruanas”.
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR INFORMACIÓN FINANCIERA
Días atrás, la MML informó que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York autorizó al Estado peruano a solicitar información financiera en Estados Unidos para obtener documentación sobre el origen y financiamiento de la concesión Rutas de Lima.
Esta orden judicial permitiría al Estado tener acceso a información clave a través de citaciones formales, registros bancarios y de compensación pertenecientes a Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG, varios bancos internacionales y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
De acuerdo a la información edil, se trataría de unas de las autorizaciones de discovery más amplias otorgadas en Estados Unidos en un caso relacionado con presunta corrupción en una concesión pública.
Finalmente, la concesionaria se vio obligada a suspender el cobro de peajes —por mandato judicial emitido el último 13 de octubre— en las casetas de Villa y Punta Negra, ubicada en la Panamericana Sur.