El Salvador: padres de menores imploran que sus hijos no sean llevados a cárceles de mayores

Una reforma legal aprobada en febrero por el Congreso en El Salvador atemoriza a muchos padres, como el caso de Margarita Ramírez, que vive angustiada por su hijo de 16 años recluido en un reformatorio juvenil será transferido a una cárcel de adultos. Aunque al presidente Nayib Bukele lo considera una buena opción contra el crimen, para organismos de derechos humanos es algo desmedido.

La madre de 39 años cuyo hijo está en un reformatorio en Ahuachapán (oeste) dijo: «¿Cómo van a estar los menores con los mayores?».

Así como el, otros 11 menores de la comunidad de La Nueva Cruzadilla fueron condenados a cinco años de encierro y cinco más de libertad vigilada por pertenecer a «agrupaciones ilícitas», o lo que es lo mismo, formar parte de una pandilla.

«Todos son unos niños y no pueden estar con adultos, con criminales», afirma Moisés Campos, otro padre de un adolescente de 15 años detenido junto a otros nueve muchachos de esta comunidad del distrito de Jiquilisco.

La preocupación de los padres es que en las prisiones para adultos no hay programas de reinserción para estos delincuentes. En cambio, en los reformatorios juveniles salvadoreños los internos pueden seguir sus estudios y son custodiados por personal de un ente especializado, no por guardias penitenciarios.

Ante esto, las autoridades afirman que los menores tendrán sus pabellones separados de los mayores. Una promesa que no tranquiliza a los padres. «No creemos en la rehabilitación de terroristas [pandilleros], independientemente de la edad», afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

PADRES DESESPERADOS

Desde que los 11 fueron detenidos el 11 de abril de 2024, sus padres no los han podido ver porque las visitas en las cárceles y reformatorios están suspendidas desde 2022 en virtud del régimen de excepción que da sustento legal a la «guerra» de Bukele contra las pandillas.

La Fiscalía imputó a los menores por haber pintado grafitis alusivos a pandillas en muros de una escuela de esta comunidad donde vive un millar de personas. Un tribunal los condenó a 10 años de prisión con opción de libertad condicional al cumplir la mitad de la pena.

Los familiares recurrieron la condena, ya que «la Fiscalía no pudo presentar pruebas contundentes», dice Óscar García, un sargento retirado del ejército de 52 años, cuyo hijo Kelvin cumplió 18 años mientras estaba preso.

«Siento que a mi hijo le están quitando sus sueños de hacer todo lo que él quería hacer», indica Ramírez con una foto de Dustin en sus manos.

Lo sucedido «ha sido una pesadilla», agrega esta ama de casa que quedó viuda recientemente.

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CIFRAS DEL CRIMEN

Las pandillas en el país redujo drásticamente los homicidios que pasaron de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,9 en 2024, según cifras oficiales. Para Bukele la «guerra» contra el crimen está resultando, pues más de 86.000 presuntos pandilleros han sido detenidos, aunque al menos unos 8.000 fueron liberados tras ser declarados inocentes.

A mediados de 2024 que los menores presos en El Salvador bajo el régimen de excepción eran más de 3.000, sostuvo Human Rights Watch. Sin embargo, el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, aseguró que son menos de 600 y que las autoridades «están analizando los detalles» para trasladarlos a prisiones de adultos.

Tras el acuerdo de Bukele con Trump, hace unos días El Salvador recibió a 261 migrantes salvadoreños y venezolanos deportados de Estados Unidos, acusados de pertenecer a pandillas, quienes fueron encerrados en una prisión de máxima seguridad.

«APRENDERÁN CONDUCTAS VIOLENTAS»

Los padres se rehúsan ante las acciones de sus hijos y los consideran inocentes, aseguran que fueron sacados de sus casa por las fuerzas armadas del país. Por su parte, la ONU sostiene que la reforma a la ley penal juvenil es «un retroceso importante», pues «contraviene» la Convención sobre los Derechos del Niño. Grupos de derechos humanos también la critican.

Este método es criticado por grupos de derechos humanos, que aseguran que hay muchos inocentes presos sin derecho a defensa. La abogada de la ONG Cristosal, Zaira Navas, insiste que: «Lo que están haciendo es condenando a que (los menores) adquieran conductas y hábitos violentos, porque en una cárcel donde no hay programas de deshabituación, lo que van a ir a aprender son conductas violentas».

Con información de AFP.

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