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Por Rolando Escaró | Jefe de Internacionales de Latina Noticias

La operación para intervenir la cárcel de Tocorón en Venezuela no solo nos mostró el poder del Tren de Aragua en ese país: en paralelo, descubrió, una vez más, la violenta mordaza de miedo e impotencia con la que conviven los periodistas en ese país y el silencio de los medios de comunicación venezolanos sobre los alcances del crimen organizado y la impunidad con la que funcionan.

El día de la operación, me comuniqué con un periodista venezolano que vive en el mismo estado de Aragua y acababa de ver el paso de los vehículos militares y policiales hacia Tocorón. Desde allí, me explicó que los cabecillas del Tren de Aragua, incluyendo al ‘Niño guerrero’, ya no estaban en el lugar porque usan una red de túneles para entrar y salir de la cárcel. Me confirmó, incluso, que el ‘Niño guerrero’ ni siquiera estaba en Venezuela y, más bien, podría estar en Colombia o Perú.

Era información de primera mano, inmediata, pero casi anónima. “No puedo salir a decirte eso en un audio o frente a una cámara -me dijo-. Vivo acá. Si saben que dije eso, vienen y me matan”. Así de simple. Así de complejo.

Años atrás, cuando la imagen de un grupo de venezolanos buscando comida entre la basura dio la vuelta al mundo, otro colega me respondió algo muy parecido: “Esa imagen es lamentable, pero muy cierta y acá nadie te lo va a decir porque te cae el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), te llevan al Helicoide y no te vuelve a ver ni dios”.

El Helicoide fue un centro comercial que hoy funciona como centro de detención y tortura para todos los opositores al régimen chavista. Si dices la verdad o te enfrentas al chavismo, te llevan allí y te conviertes en una cifra más de la larga lista de torturas y denuncias por violación de derechos humanos. No obstante, si eres del Tren de Aragua y te detienen por matar o extorsionar a alguien, te mandan al Tocorón con tres comidas diarias, piscina, zoológico, cancha de béisbol, discoteca y vía libre para salir cuando quieras cumplir «diligencias». 

Pero no vayan a pensar que esto solo ocurre en Venezuela. No. Meses atrás conversé con un colega español que trabaja en Moscú hace diez años. Me explicaba que cubrir las protestas en contra de la invasión a Ucrania era casi imposible, pues no solo se ponen en marcha aparatos bloqueadores de toda señal de internet en las calles, sino que, en el peor de los casos, agentes del servicio secreto (que realmente no es secreto, porque el miedo hace que nadie los quiera enfrentar) te pueden «visitar» o ponerse en contacto contigo para informarte que tus opiniones son incómodas.

Evidentemente, no hay una segunda advertencia.

Desde hace un tiempo, Rusia ha bloqueado los medios extranjeros y las redes sociales, y castiga duramente a los que informen «falsedades» sobre la invasión a Ucrania. “Ya sabes, nada de eso se puede decir frente a cámaras”, agregó mi amigo con un timbre de tristeza en su voz, pues acababa de enviar a su hijo mayor a otro país para evitar que fuese reclutado por el ejército y lo enviasen a pelear a Ucrania. “La mía es otra familia dividida por una guerra sin sentido”, me comentó. Tampoco lo podía decir frente a una cámara..

Por negarte a combatir en Rusia puedes ir 15 años preso. Lo mismo si ayudas a alguien a escapar. Un periodista con más de 20 años de experiencia, que ha cubierto conflictos y eventos de todo tipo en Asia y Europa, trabaja ahora así en Moscú. Cuidando al detalle lo que dice o escribe. 

Los periodistas en México tampoco lo pasan tan bien. Cubrir noticias en zonas tomadas por los carteles del narcotráfico es muy difícil. Imaginen, si no, tener que salir a trabajar cada día y contemplar cadáveres colgados del cuello bajo algún puente. Ese es el mensaje de un cártel. Los enemigos pagan con su vida y convertirte en uno por tu deber de informar es, para los periodistas, algo muy frecuente en ese país.

Lo mismo ocurre en Nicaragua, donde la libertad de expresión dejó de estar amenazada porque simplemente ya no existe. En Ecuador, Rafael Correa puso en marcha algo muy parecido cuando en 2013 firmó su famosa «ley orgánica de comunicación» y por la que, si decías o escribías algo que no le gustaba, te ibas preso o cerraban el medio en el que trabajabas. «La comunicación no es una mercancía», repetía Correa y, con eso, logró silenciar a todos sus opositores. Recién en noviembre del 2022, esa ley pudo ser suprimida por otra ley de comunicaciones, pero fue tanto el poder (y el temor) que inspiró la «ley mordaza» de Correa que aún hoy son extrañas las críticas mordaces al Gobierno. 

La verdad, hoy, puede tener un sabor amargo o tener consecuencias muy dolorosas, dependiendo del país en el que vivas. La lista podría ser muy larga, casi tan larga como la lista que llevaba un periodista venezolano que conocí en República Dominicana. Me contó muchas cosas sobre su trabajo diario, sobre la cobertura periodística en regiones sin señal de teléfono, internet o electricidad. Y en las que, a pesar de encontrar historias conmovedoras o indignantes, debías mirar para otro lado o desarrollarlas únicamente para tu archivo personal, porque el gobierno no permite que «ese tipo de noticias» se emitan en los noticieros. Después de hablar, extrajo de su bolsillo una hoja con una lista y se alejó con un «ya regreso». Lo hizo después de dos horas. Traía consigo varias bolsas.

–¿Compraste recuerdos? -le pregunté.

–No, ‘pana’, en el trabajo se enteraron de que venía para acá y me encargaron un montón de medicinas que no se encuentran en Venezuela: jarabes para la tos y para la fiebre, pastillas para el corazón, para la hipertensión, la diabetes -respondió. 

Esa misma tarde, mientras cenábamos, lo vi contemplar la variedad de platos que nos ofrecían y, con un dejo de pena, murmuró: «Tanta comida que puedo escoger y mi mujer y mi hijita solo tenían para comer fideos y una pata de pollo».

Él tampoco podía decir eso frente a una cámara.