Fiscalía inició diligencias contra ministra de Cultura por la presunta contratación de dos allegados en puestos de ministerios y en su despacho.
Congreso había solicitado al Tribunal Constitucional una aclaración en este punto de nuestra Carta Magna en medio de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.
Fiscales especializados en ciberdelincuencia recabarán información sobre la modificación de la ficha de Patricia Benavides, Alejandro Sánchez, entre otros.
Maúrtua describe las denuncias contra el mandatario como una herramienta que debilita la democracia y no como un mecanismo de lucha contra la corrupción.
La entidad rechazó información propagada en redes sociales y reveló que iniciará una investigación contra los responsables.
Según el abogado, tanto el Congreso de la República, como el Poder Judicial estaban haciendo bullying al mandatario.
El primer ministro arremetió contra el Ministerio Público e indicó que quienes respaldan esta figura contradicen lo estipulado en el artículo 117° de la Constitución.
“Los fiscales no somos actores políticos, sino operadores de justicia, y no actuamos bajo ninguna forma de presión política o mediática”, aseveró el fiscal superior Rafael Vela.
El recurso buscaría evitar la denuncia en su contra por traición a la patricia y para evitar que se le siga investigando por encabezar la presunta organización en Palacio de Gobierno.
El documento refiere que Benavides Vargas violó el art. 117º de la Constitución, el cual señala que el presidente no puede ser investigado ni acusado durante su mandato.
