A través de un comunicado, la representación nacional indicó que condenaba "cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones".
Los beneficiarios con este presupuesto son Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, entre otros partidos, que tienen representación en el Congreso.
La presidenta Dina Boluarte tuvo un plazo para realizar observaciones a la norma, pero al final no lo hizo. La iniciativa apareció en El Peruano con las firmas del titular de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, y su primer vicepresidente Arturo Alegría.
Los fiscales consideran que la norma es incompatible con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y señalaron que podría tener graves consecuencias jurídicas y sociales.
En el nuevo texto de ley ya no figuran como impedimentos a los sentenciados por violación sexual, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas y secuestro.
Ambas instituciones lanzaron sendos comunicados dejando muy en claro su posición sobre lo que ocurre en el Congreso de la República.
A través de un pronunciamiento, la entidad supranacional convocó también a una audiencia para el próximo lunes 17 a funcionarios del Gobierno, representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, el titular de la Mesa Directiva alegó que la propuesta solo podrá ser debatida en el Pleno si la titular de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, lo pide.
Soto justificó su decisión por las medidas de austeridad adoptadas en el Parlamento.
Las sanciones para las empresas que realicen este tipo de comunicaciones podrían alcanzar las 450 UIT (S/2 millones 317.500).
