Este el primer caso de una congresista, acusada de 'mochasueldo', en el que la Fiscalía de la Nación presenta una denuncia constitucional. Aquí los detalles.
Miguel Ángel Concha Carhuancho acusó constitucionalmente a los congresistas Jorge Luis Flores Ancachi y Ilich Lopez Ureña, ambos de Acción Popular, y Elizabeth Medina Hermosilla (Bloque Magisterial) por aparente conflicto de intereses con un privado tras su viaje a China.
El titular de la Mesa Directiva, José Williams, señaló que, ante dicha solicitud, espera que el Ejecutivo "no tenga injerencia” sobre competencias exclusivas del Parlamento.
El primer ministro arremetió contra el Ministerio Público e indicó que quienes respaldan esta figura contradicen lo estipulado en el artículo 117° de la Constitución.
“Los fiscales no somos actores políticos, sino operadores de justicia, y no actuamos bajo ninguna forma de presión política o mediática”, aseveró el fiscal superior Rafael Vela.
El recurso buscaría evitar la denuncia en su contra por traición a la patricia y para evitar que se le siga investigando por encabezar la presunta organización en Palacio de Gobierno.
Ante este escenario, el constitucionalista Luciano López consideró que se necesita voluntad política del Congreso para que la misma proceda y sea debatida.
Adicionalmente, al ser consultado si dentro de los planes del Ejecutivo existe la posibilidad de un cierre del Congreso, respondió que harán uso de todas las acciones que les permite la ley.
Esta denuncia es por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Involucra también a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
Piden que Patricia Benavides sea inhabilitada por 8 años, pues la acusan de infringir la Constitución, de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia en agravio del Estado.
