El niño de once años terminó con el brazo fracturado y su familia denunció ante la Defensoría del Pueblo de La Libertad que las agresiones son reiterativas.
La procuradora pública municipal informó que estas deudas por demandas laborales y arbitrales son "casi impagables" y que durante la anterior gestión se pagaban deudas por sentencias judiciales sin control.
