Estos pagos anuales tendrían por objetivo acabar con las protestas de las comunidades, que a menudo se quejan de que la mina no los beneficia económicamente.
Esto se produce tras la suspensión de una protesta de comunidades que había parado las actividades de la mina por 50 días.
La tregua sería de 30 días para permitir el reinicio del yacimiento paralizado desde hace 50 días, el periodo más largo de detención de la mina en conflicto.
Los trabajadores de Las Bambas marcharon en forma simultánea en Lima, Cusco y Arequipa, coreando "queremos trabajar" para demandar al Gobierno que actúe con las armas de la ley.
Esto se da en medio de choques entre la policía y una comunidad que ha estado ocupando parte de la propiedad de la empresa durante más de un mes.
Líderes de seis comunidades que protestan contra Las Bambas asistieron a Palacio de Gobierno donde el presidente Pedro Castillo escuchó sus demandas.
El presidente de la compañía, Roque Benavides, dijo esperar una inversión este año de 100 millones de dólares en San Gabriel, ubicado en la región Moquegua.
Las comunidades de Fuerabamba y Huancuire vendieron tierras a Las Bambas para permitir la construcción de la mina, pero recientemente acusaron a la empresa de no respetar todos sus compromisos.
Residentes de Fuerabamba y Huancuire irrumpieron en parte de la mina de la china MMG Ltd el 14 de abril, obligando a Las Bambas suspender las operaciones.
Además de ampliar la protección de la tierra, el agua, los glaciares y los recursos naturales, algunos artículos buscan reforzar la participación del Estado en todas las actividades mineras del país.