Además, instaron al Congreso el develamiento de la verdad mediante una investigación fiscal que atribuya responsabilidades y permita a las familias acceder a justicia.
Luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazara la reconsideración al archivo de la denuncia contra Manuel Merino; el expresidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz; y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las marchas de noviembre de 2020, distintas organizaciones y políticos deploraron esta decisión.
Tal es el caso de Amnistía Internacional, quien condenó el archivamiento de la denuncia constitucional contra Merino de Lama y exfuncionarios de su Gobierno por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado y las decenas de personas heridas en las protestas sociales.
“Nos preocupa que, en casos como este, donde se registró y comprobó una flagrante represión estatal y violación de los derechos humanos, se decida blindar políticamente a los investigados por estos hechos”, refiere el pronunciamiento de Amnistía Internacional.
Asimismo, la organización de derechos humanos consideró que el fallo de dicho grupo de trabajo parlamentario es un “retroceso para la protección de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica”, ya que se permite la impunidad.
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