Él tuvo a su cargo las primeras investigaciones para dar con los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. El actual gobierno de México calificó los hechos como un crimen de Estado.
Por Lizbeth Diaz
CIUDAD DE MÉXICO, 19 ago (Reuters) – El exfiscal mexicano Jesús Murillo, quien estuviera a cargo de las primeras investigaciones para dar con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, fue detenido el viernes acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el emblemático caso.
Murillo estuvo al frente de la fiscalía general durante la primera mitad de la gestión del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018). En ese tiempo, encabezó los esfuerzos del Gobierno por resolver lo sucedido, en un hecho que conmocionó al país y evidenció el grado de colusión entre autoridades y el crimen organizado.
Expertos independientes encontraron serias fallas en sus conclusiones, que sostenían que los alumnos de la escuela de la localidad Ayotzinapa, en el sureño estado Guerrero, habían sido incinerados en un basurero por órdenes de una banda criminal y que el exfuncionario llamó una «verdad histórica».
Dar con el paradero de los estudiantes fue una de las promesas de campaña del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien relanzó las indagatorias tras asumir el cargo en 2018. En el pasado, Murillo ha defendido los hallazgos de su equipo y se ha dicho abierto a ser investigado.
Su detención, el viernes por la tarde, ocurrió un día después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó un informe en el que el actual Gobierno de México por primera vez declaró sin vida a los jóvenes y calificó los hechos como un crimen de Estado. Las circunstancias y los motivos de su muerte aún siguen en el aire.
Por la noche, la fiscalía informó que un juez había emitido 83 órdenes de arresto más, contra militares, policías, funcionarios de Guerrero y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Desde que ocurrió la desaparición, familiares de las víctimas y sus abogados han exigido la detención de funcionarios acusados de torturas, abusos y de manipular evidencias, entre los cuales se incluye al jefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, actualmente prófugo.
«Ahora la exigencia es que sea detenido Zerón, una pieza clave para castigar a los que ejecutaron la ‘verdad histórica'», dijo a Reuters Felipe de la Cruz, padre de uno de los jóvenes sobrevivientes. La detención de Murillo, afirmó, «es una señal de que la voluntad del presidente a pesar de las dificultades».
(Con reporte adicional de Daina Beth Solomon y Adriana Barrera; editado por Noé Torres)
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