Fiscalía allana sede de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder allanó el último viernes la sede de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), en San Isidro. Por más de cinco horas, los fiscales recabaron información sobre la presunta entrega de terrenos ordenada por la exjefa de la entidad, Cynthia Rudas.

Como se recuerda, de acuerdo a un reportaje dominical, Rudas habría presionado para ceder alrededor de 60 hectáreas a la empresaria Sara Goray. Este hecho ocurrió luego de que Goray favorezca la campaña de Pedro Castillo a la presidencia, teniendo como intermediario a Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea.

Durante el operativo del Ministerio Público, pobladores de la comunidad campesina de Chilca llegaron hasta el edificio de la entidad. Ahí, aprovecharon para alzar su voz de protesta, reclamando que los terrenos cedidos a Sara Goray eran de su propiedad.

«No sé qué intereses ni qué empresas estarán en juegos aquí; pero lo que sí sabemos es que la comunidad se ha levantado porque ese funcionario que sale en el reportaje sale diciendo que todos esos terrenos son del Estado, cuando no es así», indicó David Torres, abogado de la comunidad campesina.

Por su parte, la presidenta de dicha comunidad, Fanny Ávila, pidió respetar la posesión de sus tierras. Cabe indicar que dentro de diez días, se tiene pactada la implementación de una mesa de diálogo entre los funcionarios de la SBN y representantes de Chilca.

IRREGULARIDADES EN LA SBN

De acuerdo al reporte, el entonces director de Gestión del Patrimonio Estatal de la SBN, William De La Vega, reveló que Cynthia Rudas llegó a ser jefa de la entidad por influencia de Alejandro Sánchez. El sujeto se encuentra prófugo de la justicia desde el 11 de octubre.

A raíz de este destape, el Gobierno dispuso la remoción de Roger Gavidia Johanson como jefe de la SBN. El funcionario ocupaba el cargo desde junio de 2022. En tanto, desde abril, la Fiscalía abrió una investigación contra Rudas por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.