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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público un extenso informe en el que da cuenta de un «alarmante debilitamento» de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, situación que se ha intensificado en los últimos dos años. En este análisis, centrado sobre todo en 2017, la CIDH considera que «las graves injerencias de los poderes Ejecutivo y Judicial en el poder Lesgilativo» son factores claves de la crisis venezolana.

 

Asimismo, señala los «altos niveles de corrupción», «existencia de un patrón de represalias» a quienes están contra el Gobierno, «severas restricciones a la libertad de expresión», «el aumento de la violencia y criminalidad» y el «desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos».

 

«La Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela, que se ha intensificado de manera alarmante en los últimos dos años y especialmente en 2017», dicta el reporte. 

 

Es importante saber que el Gobierno chavista no permite a la CIDH entrar al país desde su última visita en 2002, por lo que el organismo ha tenido que elaborar este informe con datos que ha recibido en los últimos dos años y que solicitó a organizaciones de la sociedad civil y al Estado.

 

«La salida de esta crisis debe ser democrática, pacífica y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos», sostiene el organismo.

 

«Es urgente que el Estado de Venezuela asuma la gravedad de la situación, atienda las recomendaciones realizadas en este informe, y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional, teniendo como eje principal el bienestar de sus habitantes», agrega.

 

Cabe resaltar que aunque Venezuela se retiró de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en 2013, la Comisión Interamericana puede seguir atendiendo las violaciones de derechos humanos hasta que se haga efectiva su denuncia a la de la Carta de la OEA, en otras palabras: su salida de la organización regional será el 28 de abril del 2019.

 

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