MADRID, 29 mar (Reuters) – España recortará las tarifas de conexión y gravará el exceso de beneficios en los nuevos contratos de suministro eléctrico como parte de un paquete de emergencia de miles de millones de euros para amortiguar a las empresas y a los consumidores de la subida de los precios de la energía, dijo el martes el Gobierno.
Anunciado inicialmente el lunes, el Consejo de Ministros aprobó el martes el paquete de 16.000 millones de euros (18.000 millones de dólares) de préstamos blandos y ayudas directas que también incluye medidas para limitar las subidas de los alquileres e impulsar el empleo de jóvenes y mujeres.
«El objetivo del precio de la electricidad es: el más bajo posible», dijo la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una rueda de prensa tras la reunión semanal del gabinete.
Al presentar el paquete, que debería entrar en vigor el 1 de abril y durar tres meses, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que España destinaría unos 2.500 millones de euros a la reducción de las tarifas de interconexión para los usuarios que consumen mucha energía.
La subida de los precios de la energía, agravada por la invasión rusa de Ucrania, ha provocado un descontento social generalizado que el Gobierno en minoría trata ahora de aplacar.
Retomando una medida que causó consternación entre las compañías eléctricas cuando se introdujo en un formato diferente el año pasado, Ribera dijo que el Gobierno frenaría los beneficios de los nuevos contratos de precio fijo y de largo plazo con precios superiores a 67 euros por megavatio hora.
Añadió que, a partir de 2023, el Gobierno fomentará que las compañías eléctricas vendan la electricidad directamente a las empresas y eludan el mercado mayorista, en un intento de frenar los costes.
Del paquete total, que en su mayor parte aún debe ser aprobado por la Comisión Europea, 6.000 millones de euros procederán de ayudas directas y recortes fiscales, en su mayoría prorrogados de un paquete anterior relacionado con la pandemia del COVID-19, mientras que los 10.000 millones restantes son préstamos subvencionados.
Los ministros aún están ultimando los detalles de la llamada «excepción ibérica» concedida por la UE, que permitirá a España y Portugal limitar los precios del gas.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dijo anteriormente que el actual choque energético debe abordarse mediante una respuesta europea común, dada la capacidad fiscal más débil o limitada de algunos países europeos, entre ellos España.
En este contexto, De Cos subrayó que el paquete de rescate de España debía ser temporal para no sobrecargar las finanzas públicas.
Aunque la deuda pública de España se redujo al 118,7% del producto interior bruto desde el 120% de 2020, está muy por encima de la media de la UE del 97,7% registrada en el tercer trimestre, según Eurostat.
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