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WASHINGTON (Reuters) – El presidente Donald Trump planea impulsar un decreto para acabar con el derecho a la ciudadanía estadounidense de los niños nacidos en el país de padres no ciudadanos e inmigrantes ilegales, dijo al sitio de noticias Axios en una entrevista difundida el martes.

 

Trump ha reforzado su línea dura contra la inmigración una semana antes de las elecciones al Congreso, en un momento en el que el país lidia con tensiones de diferente orden en medio de episodios de violencia, como una serie de bombas enviadas a líderes demócratas y críticos con Trump, así como el ataque más letal contra una sinagoga en la historia de Estados Unidos.

 

Intentar poner fin a la llamada ciudadanía por derecho de nacimiento recogida en la Enmienda 14º apuntaría directamente a la Constitución y probablemente generará batallas legales inmediatas y una posible oposición en el Congreso.

 

Cambiar una enmienda en la Constitución requeriría el apoyo de dos tercios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Senado y el respaldo de tres cuartas partes de los órganos legislativos estatales en una convención constitucional.

 

Sin embargo, Trump dijo que había hablado con su asesor legal y que le habían notificado que podía realizar el cambio por su cuenta, en contra de la opinión de muchos expertos constitucionales.

 

Al ser consultado por las dudas sobre tales facultades presidenciales, Trump dijo: «Definitivamente se puede hacer con una ley del Congreso. Pero ahora están diciendo que puedo hacerlo solo con un decreto presidencial».

 

«Está en el proceso. Sucederá», dijo a Axios en la entrevista, que se emitirá en su totalidad en el canal de cable de pago HBO el domingo.

 

La Enmienda 14º permite que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción sean ciudadanos de Estados Unidos y de los Estados en que residen».

 

En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó el derecho de ciudadanía a los niños nacidos de residentes legales permanentes. Pero los conservadores dicen que el derecho no debería aplicarse a todo el mundo, como los inmigrantes ilegales en el país o aquellos con estatus legal temporal, informó Axios.