Más de 300 funcionarios no calificados fueron designados durante el Gobierno de Pedro Castillo

El Gobierno de Pedro Castillo tuvo a más de 300 funcionarios que no estaban capacitados para los puestos en los que se les designó, según datos del Consejo Privado Anticorrupción. Algunos ocuparon ministerios e instituciones públicas.

«Salían personas que no eran tituladas o que claramente no tenían ninguna experiencia en el Estado y simplemente no cumplían, otro de los cuestionamientos es familiaridad o conflictos de interés», indicó Eduardo Herrera, representante de esta entidad.

Herrera también detalló que desde el Gobierno se probaba a estos funcionarios en cargos menores. Cuando pasaban el escrutinio público, los ascendían, en algunos casos solo en dos días. Los sectores donde más se vio esta situación fue en el Ministerio de Agricultura, la PCM y el Ministerio de Salud.

«Se abre una ventana de ineficiencia, que es un funcionario que no está preparado para tomar las decisiones correctas, lo vimos en Comercio Exterior y Producción. Una persona que no está preparada puede tomar malas decisiones y perjudicar la economía», refirió.

Elena Conterno, especialista en políticas públicas, lamentó la situación y exhortó a las autoridades a asegurarse que no vuelva a ocurrir. «Significan cambios normativos para impedir que sean autoridades las personas que han tenido delitos, agresores, personas acusadas por terrorismo», sostuvo.

PEDRO CASTILLO SE REUNIÓ CON CIDH

El expresidente Pedro Castillo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una reunión para exponer «las condiciones arbitrarias» de su detención. El pedido fue atendido y una misión de la CIDH acudió a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde se encuentra detenido.

Wilfredo Robles, abogado del expresidente, afirmó que esta delegación visitó al exmandatario la mañana del jueves. En este encuentro, Castillo dio a conocer sus condiciones carcelarias. Mientras que el vacado jefe de Estado afirma estar totalmente incomunicado, la Defensoría del Pueblo desmiente esta afirmación.