La primera dama es investigada por ser la presunta coordinadora de una organización criminal que direccionaba obras públicas de manera irregular con la aprobación del jefe de Estado.
Este lunes 10 de octubre, el Poder Judicial evaluará el pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses contra Lilia Paredes como parte de la investigación que se le cursa por ser presuntamente la coordinadora de una organización criminal enquistada en el Gobierno del presidente Pedro Castillo.
Recordemos que esta audiencia estaba prevista para el pasado 29 de setiembre; sin embargo, el juez Raúl Justiniano la reprogramó a solicitud de la defensa legal de Paredes Navarro, el abogado Benji Espinoza, al sostener que su conexión digital no era la adecuada en aquel momento.
Tras ello, el magistrado aceptó el pedido de Espinoza Ramos, pero apuntó que, si la primera dama no se presenta el día 10 de octubre, se le asignará un defensor público y la diligencia continuará “sí o sí”.
Asimismo, la Fiscalía estima que Lilia Paredes habría sido la persona que informaba al mandatario Castillo Terrones de los proyectos que habían sido negociados, y él, en coordinación con el entonces ministro de Vivienda (Geiner Alvarado), los incluía en decretos de urgencia para garantizar su viabilidad, a favor de las empresas de los hermanos Espino Lucana.
Del mismo, se ha sindicado a Yenifer Paredes como la «lobista» principal dentro de la presunta organización criminal. Justamente, por este caso, la hija menor de los Paredes Navarro y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, cumplen prisión preventiva por 30 meses.
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