Policía realiza nuevo desalojo de comunidad indígena en la mina Las Bambas

LIMA, 28 abr (Reuters) – La policía peruana llevaba a cabo el jueves un desalojo de una comunidad indígena que protesta en los terrenos de la mina de cobre Las Bambas, de la empresa china MMG, dijo un asesor de la comunidad a Reuters.

La intervención policial en Las Bambas, que suministra el 2% del cobre del mundo, sigue a un desalojo el miércoles de otra comunidad que también había acampado dentro de la mina, asentándose cerca de su enorme rajo abierto.

La empresa no hizo ningún comentario inmediatamente. Perú es el segundo productor mundial de cobre y la minería es una importante fuente de ingresos fiscales.

Las Bambas suspendió sus operaciones el 20 de abril después de que las comunidades se instalaron en el interior de la mina, los que dicen que no ha ocurrido. No está claro cuándo la mina podrá reanudar la producción, que permanece detenida por razones de seguridad.

Las Bambas dijo en una presentación ante el regulador a última hora del miércoles que había logrado desalojar a la comunidad de Fuerabamba, que había estado exigiendo la devolución de sus tierras ancestrales, pero que la comunidad de Huancuire seguía dentro de la propiedad de la empresa.

«Están ahorita entrando a Huancuire por tres puntos, están entrando ya», dijo a Reuters Alexander Raúl, un asesor de la comunidad de Huancuire, refiriéndose a los policías.

Huancuire vendió tierras a Las Bambas en los últimos años para dar paso a una ampliación prevista para este año, pero Raúl y los residentes alegan que la mina no ha cumplido plenamente todos los compromisos del acuerdo de venta y que los beneficios no han llegado a su comunidad, alegaciones que la empresa niega.

Según la ley peruana, los propietarios pueden usar la fuerza para expulsar a los intrusos durante los primeros 15 días de una invasión, un estatuto legal que fue invocado por Las Bambas esta semana, según un comunicado de la empresa.

El Gobierno de izquierda de Perú dijo el jueves que no había participado en los desalojos, pero que la policía nacional había apoyado el derecho de la empresa a expulsar a los intrusos.