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LIMA, 26 feb (Reuters) – El presidente peruano, Pero Castillo, rechazó el sábado las acusaciones de liderar una supuesta red criminal de funcionarios realizadas por una empresaria que se acogió a un procedimiento de colaboración con la fiscalía, las cuales -afirma- buscan sacarlo del poder.

Castillo dijo que detrás de las declaraciones de la empresaria Karelim López, publicadas por la prensa local, están «los mismos que conspiraron contra los anteriores mandatarios y que quieren hacerlo ahora contra el Gobierno» actual.

Las declaraciones fueron realizadas ante un fiscal que investiga supuestos actos de corrupción en el entorno del Gobierno, incluyendo a la empresaria López, que según las pesquisas preliminares se habría reunido en octubre con Castillo y un empresario petrolero que ganó luego una licitación pública.

Fuentes de la fiscalía se excusaron de confirmar o rechazar la información difundida en los diarios El Comercio y La República.

Castillo, quien asumió la presidencia en julio tras ganar sorpresivamente las elecciones, transita por una constante incertidumbre política y sucesivos cambios de ministros que han minado su popularidad a su peor nivel desde que asumió el poder.

«Denuncio anticipadamente este tipo de acciones que solo insisten en maniobras políticas antidemocráticas con la finalidad de generar inestabilidad en el país», dijo Castillo en una serie de mensajes por Twitter.

El mandatario hizo un llamado a la comunidad internacional y al pueblo peruano «para activar la Carta Democrática Interamericana y permanecer atentos contra cualquier intento desestabilizador y de golpe en el país, perpetrado por quienes aún no aceptan su derrota y atentan contra la ciudadanía».

En un evento público en el interior del país, Castillo dijo que un grupo de poder económico que no identificó «ha convencido a una persona de declararse colaboradora eficaz con millones de soles y mañana van a llenar las páginas para de una vez por todas demandar la suspensión, vacancia» de su cargo.

Castillo superó en diciembre un intento de la oposición en el Congreso para iniciar un juicio político y destituirlo del cargo, alegando «incapacidad moral» para gobernar.

El mandatario designó a inicios de febrero a su cuarto primer ministro y gabinete en menos de siete meses de gobierno.

El Congreso debe de confirmar al primer ministro y a su equipo el 8 de marzo. Si lo rechaza, Castillo deberá conformar otro gabinete. Si el Congreso rechaza dos veces a un primer ministro, la Constitución peruana permite al presidente cerrar el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas.