Mano dura ante la delincuencia. Alfredo Pariona Sinche, legislador de Perú Libre, presentó un proyecto de ley que plantea la muerte civil, por el periodo de un año, para las personas que adquieran o utilicen celulares provenientes de delito.
La iniciativa parlamentaria busca establecer agravantes para el delito de receptación, además de prohibir realizar trámites civiles, trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) para quienes adquieran o empleen celulares con el IMEI alterado.
Adicionalmente, se encontrarán impedidos de efectuar viajes al interior y exterior del país, así como también de generar todo trámite ante la administración pública. Cabe mencionar que dicho procedimiento estará a cargo del Ministerio del Interior.
«Comprar un celular robado, constituye el delito de receptación. Es como comprar autopartes robadas. Pero no podemos mandar a la cárcel a miles de compradores a diario. Con ello, la sociedad viene normalizando la compra de estos equipos», señaló el congresista.
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