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La tarde del último martes, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Tras ello, el abogado Luciano López aclaró este panorama en diálogo con Latina Noticias.

El constitucionalista recordó que, según el artículo 117° de la Carta Magna, el mandatario no puede ser acusado salvo por cuatro casos, los cuales ninguno de ellos es por delitos de corrupción. En consecuencia, no se le podría ni siquiera acusar.

Sin embargo, explicó que lo que ha hecho la fiscal Patricia Benavides es recurrir a un tratado internacional que el Perú tiene suscrito desde el 2004, esta es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Dicho acuerdo refiere que los estados que han firmado la misma están obligados a respetarla.

Dentro de sus estatus se señala que se debe de mantener un equilibrio adecuado entre los funcionarios que tienen prerrogativa de inmunidad, pero que esto no impide ni la investigación ni el procesamiento ni la sanción por delitos de corrupción contemplado en el tratado.

Por ello, queda en el campo del Legislativo aceptar o no la denuncia presentada. De ser adverso, la fiscal cuenta con la potestad de demandar a este poder del Estado y llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional. En cambio, de ser aceptado, ya queda en manos de la representación nacional, tener la voluntad política para acelerar el proceso.

“El Tribunal Constitucional dice que los tratados que el Perú ha firmado y que tenga naturaleza de derechos humanos tienen un rango y peso similar a la de nuestra Constitución. Por eso, la fiscal de la Nación ha dejado que el Legislativo defina este caso porque son sus competencias”, detalló el letrado.