Fredy Hinojosa firmó título que entregó templos patrimoniales a la Iglesia | VIDEO
En el corazón de Puno, a orillas del lago Titicaca, se levanta Juli, conocido como la “Roma de América” por sus cuatro impresionantes templos coloniales. Estas iglesias, adornadas con pinturas coloniales de artistas como Bernardo Bitti y Tomás Lara, han sido restauradas y transformadas en museos que conservan la historia viva de la región aymara.
Pero detrás de sus muros de piedra y lienzos centenarios late un conflicto encendido. El obispo de Juli, Ciro Quispe, exige la entrega de ambos templos-museos, amparándose en títulos de propiedad otorgados por Cofopri en 2011, donde figuran como “lotes” sin ninguna mención a su condición de patrimonio. Según el abogado local Ludwin Bustinza, esto reduce monumentos históricos a simples terrenos, algo que considera inadmisible para bienes culturales de valor incalculable.
VOCERO DE DINA BOLUARTE FIRMÓ ACTA QUE CEDIÓ PATRIMONIO CULTURAL
La Iglesia Católica inscribió en Cofopri dos templos declarados patrimonio cultural —Nuestra Señora de la Asunción y San Juan de Letrán— como si fueran simples lotes urbanos, sin especificar su carácter histórico. El trámite se realizó con la firma del entonces director de Cofopri, Fredy Hinojosa Angulo —hoy jefe del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte— y del exministro de Vivienda Juan Sarmiento Soto, generando cuestionamientos sobre la legalidad de transferir bienes culturales a privados.
La polémica se intensificó el pasado 7 de mayo, cuando el obispo Ciro Quispe envió una carta notarial al alcalde de Juli exigiendo el cese inmediato de toda actividad, visita o promoción turística en estos templos-museos. Basándose en esos títulos de propiedad, la Iglesia reclama la administración de los recintos, mientras autoridades locales y pobladores denuncian un intento de apropiación indebida de su patrimonio cultural y temen restricciones al acceso y deterioro de estos espacios históricos.
¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?
El Ministerio de Cultura, la Municipalidad Distrital de Juli y sectores de la comunidad aymara se oponen con firmeza a la pretensión eclesiástica. Argumentan que estos templos fueron recuperados del abandono gracias a restauraciones estatales y que cuentan hoy con seguridad permanente para protegerlos del tráfico ilícito de arte. La administración actual es compartida entre el ministerio y el municipio, garantizando su uso como museos abiertos al público.
La tensión escaló cuando, en mayo pasado, el obispo envió una carta notarial al alcalde de Juli exigiendo el cese de toda actividad turística en los templos. Para muchos pobladores, la misiva fue la chispa que encendió la indignación. Víctor Raúl Anchapuri, alcalde de Juli, lamenta que la Iglesia quiera apropiarse de estos espacios restaurados con recursos públicos y teme que, bajo su control, terminen cerrados al turismo y al pueblo.
En respuesta, la comunidad ha propuesto un referéndum para decidir quién debe administrar los templos. “Si ahora que no tiene la administración directa ya nos restringe cosas, imagínese cuando la tenga”, advierte el alcalde, mostrando títulos de propiedad que, según él, Cofopri jamás debió emitir para un bien declarado patrimonio cultural. La desconfianza no es infundada: otros dos templos en Juli bajo administración eclesiástica lucen visiblemente descuidados.
AYMARAS RECHAZAN AL OBISPO
La polémica también se enciende en el seno de la organización social de Juli. Los cabildos aymaras —sistema de gobierno originario reconocido como patrimonio inmaterial del Perú— rechazan abiertamente al obispo. “Está viendo solo su economía”, denuncia Sergio Quispe, uno de sus dirigentes. Otro líder local, Elena Alanguía Calderón, lamenta que el obispo ni siquiera participe en las reuniones a las que se le convoca para dialogar con la comunidad.
Las rondas campesinas, guardianes tradicionales del orden en Juli, también alzan la voz. “No vamos a permitir, vamos a sacarlo a chicotazos al padre”, advierte un rondero, dejando claro que no aceptarán imposiciones sobre espacios que consideran suyos por derecho ancestral. El temor colectivo es que, con la Iglesia a cargo, estos museos terminen cerrados o deteriorados, como ya ha sucedido en otros casos del país.
¿CUÁL ES LA RESPUESTA DEL OBISPO CIRO QUISPE?
Consultado por este medio, el obispo Ciro Quispe defiende su posición amparándose en los títulos de Cofopri. Reconoce el derecho de la Iglesia a administrar los templos y asegura que su intención no es impedir las visitas turísticas, sino garantizar que se realicen de forma coordinada y respetuosa. Sobre el rechazo popular, Quispe minimiza las protestas, asegurando que se trata solo de “algunas personas mal informadas”.
Sin embargo, la realidad en Juli es mucho más compleja. Un pueblo que se siente dueño legítimo de su historia y su patrimonio cultural se enfrenta a un obispo que se aferra a documentos legales para exigir la entrega de dos templos-museos emblemáticos. La crisis ha dejado de ser un asunto religioso para convertirse en un reclamo profundo de identidad y soberanía cultural, con el desenlace aún incierto en las alturas del altiplano peruano.