Admiten demanda de Delia Espinoza contra el Congreso por inhabilitación de 10 años
La Tercera Sala Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, fiscal de la Nación suspendida, contra la resolución del Congreso que la inhabilitó por 10 años para ejercer la función pública. La magistrada solicita la nulidad de dicha decisión, tomada por presunta infracción constitucional, y busca la restitución inmediata de sus derechos fundamentales como autoridad constitucional.
En su demanda, Espinoza solicita “se restituya plenamente mis derechos fundamentales como autoridad constitucional, disponiéndose inmediata reposición en los cargos de Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público”. La medida apunta a revertir las consecuencias de la resolución legislativa que, según sostiene, vulnera sus derechos.
La demanda incluye una segunda pretensión: declarar nula la resolución del Congreso que solicitó su acusación penal por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica e instigación al delito de usurpación de funciones. De acuerdo con la fiscal suspendida, estas acciones carecen de fundamentos legales sólidos y buscan afectar su trayectoria dentro del Ministerio Público.
Tras admitir la demanda, la Sala Constitucional programó la audiencia para el próximo 9 de marzo de 2026. Durante la sesión, se analizarán los argumentos de Espinoza y las posibles implicancias legales de la inhabilitación y la solicitud de acusación penal. Especialistas en derecho constitucional señalan que este caso podría sentar un precedente sobre los límites del Congreso para sancionar a autoridades del Ministerio Público y sobre el alcance de las garantías constitucionales de funcionarios en ejercicio de sus funciones.
RESPALDO DE JUECES
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) rechazó la inhabilitación por 10 años de la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, y criticó una presunta injerencia indebida del Tribunal Constitucional en el caso. En un comunicado, la agrupación consideró que la sanción impuesta por el Congreso afecta derechos fundamentales y vulnera la autonomía del Ministerio Público, además de señalar que varios congresistas que votaron a favor de la inhabilitación están bajo investigación penal, lo que evidencia un posible conflicto de intereses y un uso político del poder para fines de impunidad.
Aunque Jusdem reconoce que el Parlamento tiene facultad para inhabilitar autoridades, advirtió que esta no debe emplearse de manera irregular ni impedir la persecución de delitos graves, especialmente los vinculados a la corrupción. También cuestionó la medida cautelar del Tribunal Constitucional que suspendió la orden judicial de reposición de Espinoza como fiscal de la Nación, al considerar que contraviene la Constitución y puede afectar la independencia de jueces y fiscales.