Jorge Luis Ortiz Marreros era hasta hace poco director general de la Dirección General de Gobierno Interior.
El último sábado 11 de mayo, el periodista Rodrigo Cruz, de Punto Final, reveló que Jorge Luis Ortiz Marreros, quien hasta hace poco era director general de la Dirección General de Gobierno Interior, se entregó en las instalaciones de la Diviac. Él es uno de los ocho investigados junto a Nicanor Boluarte por el caso ‘Waykis en la sombra‘.
Jorge Luis Ortiz Marreros tenía una orden de detención preliminar en su contra. Las autoridades no lo encontraron en su domicilio cuando se realizó el operativo Valkiria Jericó, el pasado viernes 10 de mayo.
Cabe recordar que el ex director general de la Dirección General de Gobierno Interior es uno de los ocho investigados junto a Nicanor Boluarte por el caso ‘Waykis en la sombra’, donde se investiga una presunta organización criminal dedicada al tráfico de influencias.
Posteriormente, Jorge Luis Ortiz Marreros fue conducido a la Oficina de Medicina Legal.
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— Rodrigo Cruz (@rcruza) May 12, 2024
Caso "Waykis en la sombra".
Se acaba de presentar en las instalaciones de la Diviac, Jorge Luis Ortiz Marreros, quien hasta ayer era el director general de la Dirección General de Gobierno Interior. También se había ordenado su detención preliminar. @PuntoFinalOf
El Poder Judicial emitió una orden de detención preliminar contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y Mateo Castañeda, abogado relacionado con la jefa de Estado.
Además, se ordenó la detención de otras personas, como Jorge Ortiz Marreros, Noriel Chingay, Zenovia Herrera, Jorge Chingay, Víctor Torres Merino y Edwin Ugarte Nina.
Por último, autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, allanamientos domiciliarios y registros personales para llevar a cabo una investigación exhaustiva de la supuesta organización criminal ‘Los Waykis en la Sombra’.
De acuerdo a la tesis fiscal, la presunta organización criminal liderada por Nicanor Boluarte habría utilizado su posición para manipular el aparato estatal de las prefecturas y subprefecturas en San Martín, Cajamarca y otras regiones aún no especificadas. Esta manipulación habría sido llevada a cabo con el fin de obtener beneficios económicos mediante el abuso de su influencia en la designación de estos representantes.
El documento también sostiene que esta supuesta organización presionó a funcionarios para obtener fichas de afiliación con el objetivo de inscribir el partido político «Ciudadanos por el Perú» ante el Jurado Nacional de Elecciones.
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