Caso cirugías y presunta red de prostitución en el Congreso: Comisión de Fiscalización debatirá informes finales
La Comisión de Fiscalización del Congreso sesionará este miércoles 18 de junio para debatir y aprobar los informes finales sobre dos casos mediáticos: el presunto abandono de funciones de la presidenta Dina Boluarte al someterse a diversas cirugías estéticas, y las contrataciones irregulares en el Parlamento, inicialmente asociadas a una supuesta red de prostitución.
La sesión extraordinaria N° 28 fue convocada para este miércoles 18 de junio a las 9:00 a.m. en la sala del Hemiciclo del Pleno, dentro del Palacio Legislativo, bajo una modalidad semipresencial a través de la plataforma Microsoft Teams.
En la agenda figuran la aprobación de actas anteriores, el debate de estos dos informes claves y la evaluación de sus respectivas recomendaciones.
CASO CIRUGÍAS DE LA PRESIDENTA
En el caso de Dina Boluarte, el informe indica que la presidenta se sometió a cuatro procedimientos quirúrgicos entre el 28 y 30 de junio del 2023: rinoplastia, blefaroplastia, relleno facial con grasa abdominal y colocación de hilos tensores. Las cirugías fueron realizadas con fines estéticos en una modalidad de hospitalización personalizada, mientras ejercía funciones como jefa de Estado.
La Comisión sostiene que estas intervenciones, de carácter electivo, no responden a una necesidad médica impostergable y podrían haber afectado el cumplimiento de sus deberes. Por ello, se recomienda remitir el caso a la Comisión de Acusaciones Constitucionales y a la Fiscalía de la Nación, por una posible infracción constitucional y presuntos delitos de omisión de funciones y falsedad ideológica.
Además, se plantea que el Congreso evalúe si estos hechos configuran una causal de incapacidad moral permanente, en los términos del artículo 113 de la Constitución. Según el documento, la reiteración y gravedad de las omisiones atribuidas a la presidenta podrían afectar de forma irreversible su legitimidad para ejercer el cargo.
RED DE PROSTITUCIÓN EN EL CONGRESO
En cuanto al informe sobre el Congreso, la Comisión concluye que no se han encontrado pruebas concluyentes que acrediten la existencia de una red de prostitución. Si bien se detectaron contenidos de carácter sexual o sugestivo en redes sociales vinculadas a personal parlamentario, estas no constituyen evidencia suficiente para configurar un delito de proxenetismo o participación en una red ilegal.
No obstante, se documentó un patrón irregular en la contratación de personal, particularmente femenino, con criterios subjetivos relacionados a la apariencia física más que al perfil profesional. En varios casos se identificó una selección arbitraria de personal que habría ocurrido en un contexto con sesgos de género, lo que podría configurar delitos como nombramiento ilegal, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
Uno de los casos más serios implica a Jorge Torres Saravia, quien habría favorecido a mujeres jóvenes cercanas a él mediante contratos sin sustento técnico, aprovechando la flexibilidad de las contrataciones directas en el Congreso. Además, el informe alerta sobre una aparente injerencia político-partidaria en el aparato administrativo, particularmente de parte del partido Alianza para el Progreso (APP).
La Comisión de Fiscalización concluye que si bien sus competencias no le permiten acceder a herramientas como el levantamiento del secreto bancario o telefónico, el Ministerio Público sí está facultado para profundizar las investigaciones. Por ello, se recomienda remitir toda la documentación a dicha entidad con el fin de determinar responsabilidades penales y administrativas en ambos casos.