Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó informe que busca destituir a miembros de la JNJ

Con 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y su inhabilitación por 10 años.

El motivo es presuntamente haber permitido la permanencia de Inés Tello, magistrada en el organismo autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales. La abogada no debía laborar en la JNJ con una edad superior a los 75 años de edad.  

Recordemos que en mayo pasado, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia fueron denunciados constitucionalmente ante el Congreso por la bancada de Renovación Popular por publicar una resolución que supuestamente benefició indebidamente a la magistrada Inés Tello.

La resolución de octubre de 2020 establece que Tello puede permanecer en el cargo, pese a haber superado los 75 años, esto al interpretar que el reglamento de la JNJ fija el límite de edad para acceder a ser miembro de la junta, más no como límite del periodo de mandato o como causal de cese o vacancia.

LA JNJ RECHAZA INFORME APROBADO POR LA SUBCOMISIÓN

La Junta Nacional de Justicia rechazó la aprobación del informe que propone la destitución e inhabilitación de los miembros de la JNJ. Además, señalaron que esta documentación vulnera el derecho de los miembros de la entidad.

«Se trata de una nueva escalada de un sector en el Congreso que busca afectar la autonomía de la JNJ e impedir el cumplimiento de sus funciones constitucionales», se lee en el mensaje que fue difundido por la entidad.

Los integrantes de la junta aseguran que el informe elaborado por Esdras Medina carece de imparcialidad y, por lo tanto, se encuentra viciado, tal y como manifestaron en su pedido de recusación.

“De esta forma se viola el modo flagrante el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece un principio universal, según el cual quien instruye o juzga en cualquier tipo de proceso no puede tener una postura ya tomada sobre la materia”, manifestaron.

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