Comisión de Constitución del Senado sumó siete puntos adicionales sobre el pedido de facultades: estos son
La Comisión de Constitución del Senado aprobó incorporar siete puntos adicionales al dictamen sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Las propuestas comprenden seis medidas vinculadas con la seguridad ciudadana y una relacionada con la simplificación de procedimientos para proyectos de infraestructura priorizados.
La decisión se produjo luego de que la comisión aprobara los 20 puntos del dictamen remitido por la Cámara de Diputados. Posteriormente, los siete puntos adicionales fueron sometidos a votación y recibieron siete votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones entre los senadores presentes.
Entre las medidas incorporadas figuran la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, su intervención temporal en apoyo a la Policía Nacional frente a determinadas amenazas y la regulación de la libertad vigilada pospenitenciaria para condenados por ciertos delitos.
SEGURIDAD CIUDADANA
En materia penitenciaria, se propone regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional vigente.
Además, se busca precisar las condiciones para que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo a la Policía Nacional cuando la capacidad de esta última haya sido sobrepasada o exista un riesgo cierto de que ello ocurra.
Esta intervención tendría carácter temporal, subsidiario y territorialmente delimitado, con reglas para el empleo y uso de la fuerza. La propuesta establece que las Fuerzas Armadas no sustituirán las funciones constitucionales de la Policía Nacional.
Otro punto contempla regular la libertad vigilada pospenitenciaria para condenados por sicariato, extorsión y delitos vinculados con organizaciones criminales que atenten contra la seguridad ciudadana. La medida incluye la creación de un registro bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo, con el objetivo de prevenir la reincidencia y la continuidad delictiva, respetando los derechos fundamentales.
El dictamen también plantea establecer criterios objetivos para identificar e inscribir en un registro a organizaciones criminales que empleen técnicas utilizadas por el terrorismo o métodos análogos, como atentados con explosivos o armas que generen alarma o temor en la población.
Para estos grupos se propone aplicar, bajo control judicial, determinadas técnicas de investigación, medidas sobre bienes y activos, disposiciones de ejecución penal y mecanismos de cooperación internacional previstos para casos de terrorismo, sin modificar la tipificación de ese delito.
En cuanto a la legítima defensa, se propone modificar el Código Penal para establecer una presunción, que admite prueba en contrario, de actuación racional frente a una agresión. Las resoluciones judiciales que descarten esta presunción deberán contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, respetando la presunción de inocencia y la carga probatoria del Ministerio Público.
Otra propuesta busca fortalecer la coordinación entre los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), así como el intercambio de información frente a amenazas a la seguridad nacional y la criminalidad organizada. También contempla mecanismos de control y supervisión a través de la Comisión de Inteligencia del Senado.
SIMPLIFICACIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
El séptimo punto propone simplificar procedimientos administrativos exclusivamente para proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios.
La medida deberá identificar expresamente los procedimientos comprendidos y mantener las obligaciones ambientales, de seguridad y de protección del patrimonio cultural.
Durante el debate, integrantes de la Comisión de Constitución defendieron la incorporación de estos siete puntos al considerar que guardan relación con las materias previamente aprobadas por la Cámara de Diputados.
La incorporación también generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que sostienen que el Senado no debería añadir puntos que no recibieron previamente el respaldo de la Cámara de Diputados.