Congreso: proponen prisión para quienes manipulen procesos electorales con bots y cuentas falsas
Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso busca combatir la manipulación digital en procesos electorales mediante severas sanciones penales. La propuesta, impulsada por el congresista Pasión Dávila, de la Bancada Socialista, plantea la incorporación de tres nuevos artículos al Código Penal para castigar el uso de granjas de bots con fines políticos durante campañas electorales.
El documento define estas granjas como “conjuntos de cuentas y perfiles falsos o automatizados en plataformas digitales, operados de forma coordinada para simular el comportamiento humano”. Según la exposición de motivos, este tipo de estructuras ha adquirido protagonismo en la difusión masiva de mensajes, la creación artificial de tendencias y la manipulación de la percepción pública. Para el legislador, estas acciones amenazan la integridad y transparencia del sistema democrático.
La iniciativa propone penas de entre cuatro y ocho años de prisión para quienes utilicen redes automatizadas con el objetivo de influir indebidamente en la opinión pública o alterar el curso de una campaña electoral.
Sin embargo, las sanciones se agravan cuando los responsables son actores con funciones públicas o candidaturas en juego. En casos donde los bots sean operados por un candidato, un dirigente político, un funcionario público o una autoridad electoral, la pena podría alcanzar los diez años de cárcel, junto con una inhabilitación del mismo plazo para ejercer cargos públicos o participar en procesos electorales.
VACANCIA INMEDIATA
El proyecto también prevé penas de entre tres y seis años para candidatos, dirigentes o representantes políticos que contraten, autoricen o consientan el uso de granjas de bots, incluso si no participan directamente en su operación.
Además, establece una medida excepcional: si el beneficiario de este tipo de manipulación resulta electo y se confirma su responsabilidad, se ordenará su vacancia inmediata y su inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas.
La propuesta deberá ser evaluada en las comisiones correspondientes antes de llegar al Pleno del Congreso, donde se decidirá si se incorpora o no al Código Penal vigente.