Corte IDH pide al Estado peruano que no tramite ley de lesa humanidad impulsada por el Congreso

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha solicitado al Estado peruano que suspenda el trámite de la ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad que es impulsada en el Congreso de la República. Además, convocó a una audiencia para el próximo lunes 17 con los representantes del Gobierno, familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, así como miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley N° 6951/2023-CR ‘que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana'», se lee en el pronunciamiento difundido a través de las redes institucionales de la entidad supranacional.

La Corte IDH informó que la petición se debe a que requiere tener todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre las medidas provisionales solicitadas por los deudos de Barrios Altos y La Cantuta, ya que la norma que tuvo respaldo en primera votación en el Legislativo podría tener impacto en los citados casos.

»Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas de ambos casos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», anotan en el cierre de su misiva.

FALTA SEGUNDA VOTACIÓN

Hace una semana, el Pleno del Congreso aprobó con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones la ley que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad que se hayan ejecutado antes de julio del 2022. El artículo 4 de la norma, planteada por los legisladores Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Honor y Democracia), es muy clara.

“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002″, se lee en la propuesta que ha generado el rechazo de la Fiscalía y de distintas organizaciones que defienden los derechos humanos.

La Junta de Portavoces del Congreso dispuso que la ley se incluya en las sesiones del Pleno que habrá hasta el sábado 15 para que sea aprobada en una segunda votación.

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