Delia Espinoza: Congreso formalizó inhabilitación por diez años y levantamiento del fuero
El Congreso de la República oficializó la inhabilitación por diez años de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, a través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. La medida impide que la magistrada ejerza cualquier función pública, debido a presuntas infracciones a los artículos 38, 103, 109, 159 y 166 de la Constitución Política del Perú, en el marco de un proceso iniciado meses atrás en el Parlamento.
La resolución recuerda que el 18 de noviembre de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó —por mayoría— el informe final que proponía acusar a Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, todos contemplados en el Código Penal. La denuncia se sustentó en cuestionamientos a decisiones adoptadas por la fiscal, especialmente aquellas relacionadas con presuntas interferencias en competencias policiales y la emisión de actos funcionales considerados irregulares.
El 25 de noviembre, la Comisión Permanente ratificó el informe final y autorizó la conformación de la subcomisión acusadora encargada de sustentar la denuncia ante el Pleno del Congreso. Con ello, el proceso quedó listo para su votación final en la máxima instancia parlamentaria, donde se concretó la inhabilitación.
Además, el Congreso publicó una segunda resolución que declara “haber lugar a la formación de causa penal” contra Espinoza, levantando su protección constitucional y autorizando al Ministerio Público a iniciar una investigación penal en su contra. La exfiscal deberá afrontar el proceso como presunta autora de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y como posible instigadora del delito de usurpación de funciones.
DENUNCIA IRREGULARIDADES
En declaraciones a Latina Noticias, el abogado de la fiscal, Rodolfo Pérez, denunció que el congresista Fernando Rospigliosi, autor de la denuncia, no debió presidir la sesión en la que se definió la inhabilitación.
“Tuvo que salir de su oficina desesperado para ponerse frente al Pleno y lograr los ocho votos que finalmente definieron la votación”, afirmó.
Pérez aseguró que su defendida fue sancionada por hechos que, según él, no guardan relación con el fondo de la denuncia constitucional: “La fiscal ha sido inhabilitada por hechos inventados. No tuvo nada que ver con el principal sustento de la acusación. Le han destruido su carrera, le han dejado sin sueldo y sin seguridad”.