Dina Boluarte: Comisión del Congreso archiva denuncia constitucional por muertes durante protestas
La Comisión Permanente del Congreso, bajo la conducción del tercer vicepresidente del Parlamento por Acción Popular, Ilich López Ureña, aprobó el informe final de la denuncia constitucional 509 presentada contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes que ocurrieron durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en diversas partes del Perú.
Dicho informe propone el archivamiento de la denuncia, lo que significa que no se investigaría ni avanzaría más el caso, cerrándolo sin sanción para la presidenta. El documento fue aprobado con 12 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones.
La denuncia, que fue realizada por Juan Carlos Villena Campana, quien ejercía como fiscal de la Nación interino durante el periodo, señala que Boluarte habría incurrido en la comisión por omisión, con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves (contenidos en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal, respectivamente), en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos.
Otros implicados en la acusación son: Pedro Miguel Angulo Arana, ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda, ex titular de las carteras del Ministerio de Defensa y la Presidencia del Consejo de Ministros; los exministros del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, así como al ex titular de la cartera de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta.
El informe fue aprobado en la Décima Novena Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que presidió la congresista María Acuña Peralta.
Durante la sustentación, a cargo de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones de Alianza para el Progreso, refirió que no existen elementos probatorios que permitan demostrar fehacientemente y con claridad objetiva la infracción del deber de protección que habían tenido los denunciados en cuanto a las muertes registradas durante las protestas sociales.
“No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones. Se ha determinado que en mérito a las pruebas aportadas y presentadas no existen elementos de convicción suficientes que configuren en los tipos penales de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves (contemplados en) los artículos 181 y 122 del Código Penal, respectivamente”, argumentó.
REACCIONES EN EL PARLAMENTO
Ruth Luque de Juntos por el Perú, cuestionó el informe y evidenció su preocupación por considerar que fue elaborado de una manera ligera, solo para impedir que haya una investigación del Ministerio Público. “Esa es una responsabilidad política que corresponde a la señora Dina Boluarte”, señaló tras indicar que en estas protestas murieron 50 peruanos y más de mil heridos
La congresista por la región Cusco, planteó una cuestión previa para que el informe retorne a la Subcomisión de Acusaciones para una mejor valoración del contenido. Votaron a favor 10 congresistas e igual número en contra, por lo que el congresista Ilich López, quien conducía la sesión, resolvió al votar en contra.
Junto a Luque, los parlamentarios Flavio Cruz y Wilson Quispe Mamani de Perú Libre, también mostraron su negativa frente al informe y exhortaron se investigue el caso.
“Estamos creando una memoria histórica nefasta”, pronunció Cruz. Edgard Reymundo de Juntos por el Perú solicitó la reconsideración de la votación, la cual fue desestimada.
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