Pedido de pensión vitalicia de Dina Boluarte ya está en RR.HH. del Congreso: ¿qué sigue?
La expresidenta Dina Boluarte ha solicitado formalmente al Congreso de la República el otorgamiento de la pensión vitalicia correspondiente a quienes han ejercido la jefatura del Estado. Según confirmó el exoficial mayor del Parlamento, José Cevasco, en diálogo con Latina Noticias, el pedido ya fue derivado al área de Recursos Humanos del Legislativo, instancia encargada de emitir el primer informe técnico sobre el caso.
De acuerdo con el procedimiento interno, este informe será revisado por el actual oficial mayor del Congreso, quien luego lo elevará a la Mesa Directiva. Será este órgano el encargado de comunicar la decisión oficial a Boluarte. El trámite, aclaró Cevasco, responde a un proceso administrativo regular y no a decisiones discrecionales.
La pensión vitalicia para los expresidentes está regulada por una ley promulgada en 1995, durante el gobierno de Alberto Fujimori y bajo la presidencia de Jaime Yoshiyama en el Congreso Constituyente Democrático. El artículo 1 de dicha norma establece que “los expresidentes constitucionales de la República gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad”. Actualmente, este monto asciende a S/ 15,600 mensuales.
¿PENSIÓN EN RIESGO?
No obstante, el artículo 2 de la misma ley impone una condición clave: la pensión debe ser suspendida si el expresidente es objeto de una acusación constitucional formulada por el Congreso. En el caso de Boluarte, aunque la Comisión Permanente archivó inicialmente una denuncia vinculada a las muertes durante las protestas sociales, en octubre de 2025 se presentó una nueva acusación que podría obstaculizar su acceso al beneficio.
La reciente denuncia, interpuesta por el congresista Edwin Martínez, imputa a la exmandataria presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Según el documento, los hechos se remontan al 4 de octubre de 2025, cuando Boluarte aprobó el Decreto Supremo 015-2025-MTC, refrendado por el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Sandoval Pozo. La norma autorizó la Adenda 5 del contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, que habría extendido de manera “ilícita e indebida” la concesión por 30 años adicionales, a pesar de que el contrato original vencía en 2029.
La denuncia también implica al ministro encargado de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, cuya participación habría sido clave para la aprobación de la cuestionada adenda.
Con este nuevo escenario, el Congreso deberá evaluar no solo el aspecto administrativo del pedido de pensión, sino también el estado legal de la expresidenta, lo que podría retrasar —o incluso impedir— el otorgamiento del beneficio mensual de S/ 15,600.