El secuestro que pone bajo la lupa las 12 facultades: ¿Qué piden en materia de seguridad?
A raíz del secuestro registrado en Trujillo, el debate sobre seguridad vuelve a poner en primer plano el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. ¿Qué podría cambiar el Gobierno si el Congreso aprueba el pedido? Estas son las 12 materias y qué comprende cada una.
1. Migración y nacionalidad
La primera facultad está orientada a modificar las normas relacionadas con la migración y la nacionalidad. El Ejecutivo plantea cambios en las reglas sobre control y regularidad migratoria, así como en las condiciones y procedimientos vinculados con la nacionalización: regular el ingreso, permanencia y situación de ciudadanos extranjeros en el país.
2. Rastreo y bloqueo de celulares
Otra de las facultades está relacionada con el control de equipos y líneas telefónicas utilizados para actividades ilícitas. El Ejecutivo plantea modificar las reglas sobre rastreo, localización y geolocalización, además de mecanismos de control, registro, trazabilidad, baja de líneas y bloqueo de equipos. La propuesta también comprende las comunicaciones ilícitas realizadas desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles. Esta materia busca reforzar las herramientas disponibles para identificar y bloquear medios de comunicación utilizados por organizaciones criminales.
3. Armas, municiones y explosivos
El pedido también contempla cambios en las normas sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil. La delegación permitiría modificar aspectos relacionados con su control, fiscalización, trazabilidad, acceso, adquisición, posesión y uso. La materia cobra especial relevancia en investigaciones contra organizaciones criminales que utilizan armas de fuego para cometer delitos, como ocurrió en el reciente caso registrado en Trujillo.
4. Sistema penitenciario
El Ejecutivo plantea reformar el Sistema Nacional Penitenciario, con modificaciones orientadas a fortalecer la seguridad y la reinserción social. La facultad comprende cambios en las normas que regulan la ejecución de las penas y el funcionamiento del sistema penitenciario. El objetivo planteado es reforzar el control de los establecimientos penitenciarios y mejorar los mecanismos relacionados con la seguridad y la reinserción de las personas privadas de libertad.
5. Participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad penitenciaria
Otra de las facultades está vinculada con la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios. El Ejecutivo busca establecer reglas para una intervención excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas, así como mecanismos de apoyo operativo al personal penitenciario. La medida plantea delimitar las condiciones bajo las cuales podría producirse esta participación y las funciones que corresponderían a las instituciones involucradas.
6. Reinserción de adolescentes en conflicto con la ley penal
El paquete también comprende modificaciones relacionadas con los adolescentes en conflicto con la ley penal. La delegación permitiría establecer nuevas reglas para su intervención, reinserción social y seguimiento posterior al cumplimiento de las medidas impuestas. El objetivo es modificar el marco de atención de adolescentes que han cometido infracciones y fortalecer los mecanismos de reinserción y prevención de la reincidencia.
7. Libertad vigilada después de cumplir una condena
El proyecto propone modificar las reglas relacionadas con la libertad vigilada pospenitenciaria. La medida está dirigida a personas condenadas por delitos considerados de alta peligrosidad, lesividad o carácter pluriofensivo. La propuesta contempla además la creación de un registro de personas sujetas a este tipo de vigilancia, como mecanismo destinado a prevenir la reincidencia y permitir un seguimiento después de la salida de prisión.
8. Crimen organizado, extorsión y secuestro
Una de las principales materias del pedido está relacionada con la lucha contra la delincuencia y criminalidad organizada y los mercados ilícitos. El Ejecutivo busca modificar distintas normas, entre ellas el Código Penal, el Nuevo Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal, además de la legislación específica relacionada con delitos como extorsión y sicariato. La facultad comprende diversos aspectos de la persecución penal: conversión de penas, mecanismos de simplificación procesal, reglas de competencia territorial, investigación y juzgamiento de delitos vinculados con el crimen organizado, uso de información y datos de telecomunicaciones, reglas relacionadas con el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTSEG), delitos informáticos, responsabilidad de personas jurídicas y denuncia digital. Por tanto, esta facultad no se limita a modificar las penas de determinados delitos. También alcanza aspectos relacionados con la investigación, el proceso penal y la ejecución de las condenas.
9. Armas no letales y equipamiento de protección
El pedido de facultades contempla la regulación del uso de armas no letales y equipamiento de protección especial. La medida comprende a determinados trabajadores vinculados con labores de vigilancia y monitoreo y busca establecer reglas sobre el uso de estos instrumentos y equipos.
10. Uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas
El Ejecutivo plantea modificar el Decreto Legislativo 1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. La finalidad planteada es fortalecer el marco normativo que regula la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional frente a amenazas que afecten la seguridad ciudadana y el orden interno. La modificación estaría orientada a precisar las condiciones y reglas para el empleo de la fuerza en este tipo de intervenciones.
11. Organizaciones criminales y terrorismo
Otra de las materias propuestas contempla la creación de un marco legal para declarar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas. El Ejecutivo plantea establecer reglas para su clasificación y registro. Esta propuesta supone incorporar una categoría específica para determinadas estructuras criminales y establecer las consecuencias jurídicas correspondientes dentro del ordenamiento nacional.
12. Legítima defensa
Finalmente, el proyecto contempla modificaciones destinadas a establecer un marco para hacer efectivo el derecho a la legítima defensa. La propuesta incluye reglas relacionadas con la racionalidad de la respuesta frente a una agresión y establece una exigencia de motivación cualificada cuando se descarte la aplicación de la legítima defensa. El objetivo es precisar las condiciones bajo las cuales una persona puede invocar esta figura jurídica frente a una agresión.
UN PAQUETE QUE ABARCA DESDE CELULARES Y ARMAS HASTA CÁRCELES Y USO DE LA FUERZA
Las 12 facultades solicitadas por el Ejecutivo abarcan materias distintas, pero tienen como punto común la seguridad y la respuesta del Estado frente a la criminalidad. El pedido incluye modificaciones en derecho penal, proceso penal y ejecución penal, pero también alcanza asuntos operativos y administrativos vinculados con armas, telecomunicaciones, sistema penitenciario, migración y participación de las Fuerzas Armadas.
El caso registrado en Trujillo, donde un empresario fue secuestrado y cuatro personas fueron asesinadas, constituye uno de los hechos recientes que vuelve a colocar estas materias en el debate público. Si el Congreso aprueba la delegación, el Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para emitir las normas correspondientes dentro de las materias autorizadas.
El siguiente paso será conocer qué modificaciones concretas terminará aprobando el Gobierno y cómo se traducirán estas 12 habilitaciones en cambios al Código Penal, las normas procesales, el sistema penitenciario y las reglas de seguridad.
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