Fenómeno El Niño: Gobierno declara estado de emergencia en 25 regiones por riesgo de lluvias intensas
Ante la amenaza de precipitaciones pluviales extraordinarias vinculadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, el Ejecutivo ha decidido extremar las medidas preventivas en el territorio nacional.
A través del Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros, se oficializó la declaratoria de estado de emergencia por un plazo de 60 días calendario en jurisdicciones específicas de 25 departamentos del país, además de la Provincia Constitucional del Callao.
La publicación de esta norma responde a un diagnóstico crítico sobre la capacidad operativa de los gobiernos subnacionales. Según los informes técnicos que sustentan la medida, los recursos y la capacidad de respuesta de las administraciones regionales y locales han sido ampliamente sobrepasados frente al riesgo inminente, lo que vuelve indispensable una articulación directa y una intervención técnica por parte de las entidades del Gobierno Nacional.
La medida abarca las siguientes regiones vulnerables: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Durante los dos meses que durará la vigencia de la emergencia, las autoridades regionales y locales involucradas deberán poner en marcha acciones inmediatas y necesarias orientadas a mitigar los altos niveles de riesgo, así como a planificar labores eficientes de respuesta y rehabilitación. Estas tareas se ejecutarán con la supervisión y coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el despliegue multisectorial de diversos ministerios del Estado.
Finalmente, el marco normativo establece que las intervenciones operativas se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los propios pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Del mismo modo, se precisa que todas las acciones ejecutadas deberán guardar una estricta relación de causalidad con el evento climático y podrán ajustarse conforme evolucionen los estudios técnicos y las condiciones de seguridad en cada zona.