Fiscalía desactivó equipos que investigan casos emblemáticos como los de Odebrecht, Cuellos Blancos y otros
El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, dispuso la desactivación de varios equipos fiscales clave que tenían a su cargo investigaciones emblemáticas por corrupción y presuntas violaciones de derechos humanos, según resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano. La decisión ha generado preocupación en sectores políticos, jurídicos y de la sociedad civil por su impacto en procesos de alto perfil y en la lucha contra la impunidad.
Entre las medidas adoptadas figura la desactivación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, un grupo encargado de investigar delitos complejos de corrupción, criminalidad organizada y lavado de activos presuntamente cometidos por altas autoridades del Estado. Este equipo tenía bajo investigación a expresidentes, ministros y congresistas, incluidos los casos de Pedro Castillo, Dina Boluarte y Martín Vizcarra, considerados de especial relevancia por el nivel de los cargos involucrados y el alcance de las imputaciones.
Asimismo, la Fiscalía dispuso desactivar el Equipo Especial de Fiscales dedicado de manera exclusiva a las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios relacionados con la empresa Odebrecht y otras compañías. Este equipo fue responsable de avances clave en uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina y logró dos sentencias importantes contra los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, sentando precedentes en el juzgamiento de exmandatarios peruanos.
Otra de las decisiones anunciadas fue la desactivación del Equipo Especial de Fiscales a cargo del caso conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, investigación que reveló altos niveles de corrupción en el sistema de justicia peruano. Este caso expuso redes que involucraban a jueces, fiscales y otros operadores judiciales, y tuvo un fuerte impacto institucional al evidenciar prácticas irregulares en la administración de justicia.
Finalmente, también fue desactivado el equipo fiscal que investigaba los presuntos delitos cometidos por el gobierno de Dina Boluarte y las Fuerzas Armadas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, registradas tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Estas investigaciones abordaban las muertes ocurridas y posibles vulneraciones de derechos humanos durante la represión de las manifestaciones.