Fiscalía inicia “acciones previas” contra José Domingo Pérez por sus declaraciones sobre el caso Villarán
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ha iniciado “actuaciones previas” con el objetivo de evaluar la apertura de un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato. La medida surge tras sus recientes declaraciones a medios de comunicación sobre la muerte de José Miguel Castro, exfuncionario implicado en el caso Susana Villarán.
La ANC detectó lo que considera una posible inconducta funcional al analizar entrevistas dadas por Pérez a medios de comunicación. En ellas, el fiscal comentó sobre el impacto de la muerte de Castro en el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, procesada por delitos como lavado de activos, asociación ilícita y colusión.
Las declaraciones de Pérez señalaban que la aún no esclarecida muerte de Castro no afectaría el juicio oral contra Villarán, ya que la acusación se sustenta en múltiples pruebas y testimonios. La ANC busca determinar si esos comentarios públicos vulneraron normas internas del Ministerio Público sobre la comunicación institucional y la reserva de la investigación penal.
Como parte de estas actuaciones preliminares, la Autoridad de Control ha solicitado a la vocería institucional del Ministerio Público que precise si existía alguna necesidad de autorizar o delegar a Pérez la función de declarar sobre el caso a la prensa. Se pide un informe que detalle si esa delegación fue expresa, justificada y acorde con la excepcionalidad que ameritaría tal autorización.
En caso de que no existiera dicha delegación, la ANC también exige conocer si Pérez informó posteriormente al área de vocería sobre sus declaraciones, como corresponde a los protocolos internos del Ministerio Público. Este paso es clave para determinar si hubo incumplimiento de deberes funcionales.
SOBRE EL CASO VILLARÁN
El caso Villarán implica acusaciones graves: la exalcaldesa es señalada por el presunto lavado de más de 11 millones de dólares entregados por Odebrecht, OAS y Graña y Montero para financiar la campaña del No a la revocatoria en 2013 y su posterior intento de reelección en 2014. José Miguel Castro, exgerente municipal, era uno de los principales coacusados y presunto operador clave en esas operaciones.